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miércoles, 29 de noviembre de 2017

EXPRESARON UN CONTUNDENTE RECHAZO AL SHOW MEDIÁTICO EN CONTRA DEL GOBERNADOR INSFRÁN

Dirigentes del Frente de la Victoria

Los dirigentes del FdV respaldaron al gobernador Gildo Insfrán.
Dirigentes del Frente de la Victoria se reunieron en la Casa de la Solidaridad Pilcomayense en Puerto Pilcomayo, donde tras extensa charla, se pronunciaron en total repudio a los ataques mediáticos hacia la figura del gobernador de la provincia Gildo Insfrán donde medios nacionales con notorio interés cargan desde hace tiempo contra la figura del mandatario provincial, y ahora aprovechan intentado dejar pegado al Gobernador por un episodio judicial del que no tiene nada que ver. 
Los dirigentes del Frente para la Victoria estuvieron encabezados por el anfitrión Sergio Rolando Torres, indiscutido referente de Puerto Pilcomayo, y estuvieron presentes el concejal del FdV, Nicolás Cabral y los dirigentes Ramón Cáceres, Tatito Costadoni, Nato Ayala y hermano, Antonio troche y además el joven José María Caballero.
Los dirigentes manifestaron que “no hay dudas que el ataque sistemático a Insfrán es orquestado por el gobierno nacional con intereses en bajar a Insfrán de su excelente conducción al frente del gobierno formoseño, y además dicho ataque cuenta con el apoyo de algunos provincianos que en nada aportan con su accionar, y son meros agitadores de campañas de desprestigio que todos los formoseños conocen y que no acompañan, prueba de ellos los catastróficos resultado electorales donde los formoseños le dan la espalda de manera contundente, dejando en claro que no coinciden con su accionar político, delineado en penumbras contra los intereses de quienes habitamos esta tierra de progreso indiscutido donde mucho tiene que ver el compañero Gildo Insfrán”.
FUENTE: CRITICA DE CLORINDA

DESDE ESTE VIERNES, AUMENTA CASI TODO

El ministro de Energía Juan José Aranguren confirmó un incremento del 45 por ciento en tarifas de gas, un 21 por ciento en luz y un 6 por ciento en las prepagas. En cuanto a las naftas, se analiza una suba que se demoró por una leve caída del precio internacional del petróleo.
A partir de diciembre, comenzará a regir un aumento del 38 por ciento en tarifas eléctricas, 45 por ciento en las de gas, un 6 por ciento en las prepagas y está pendiente un seguro ajuste en las naftas, que anticipan un promedio inflacionario de más del 1 por ciento para el último mes del año. Los aumentos se completarán con las habituales subas de las fiestas de fin de año en productos de consumo masivo.
El ministro de Energía Juan José Aranguren confirmó los aumentos y indicó que en diciembre el gas aumentará un 45 por ciento. La luz, la generación y el transporte aumentan 21 por ciento en diciembre y 13 por ciento en enero.
Según los cálculos de Energía, el 90 por ciento de los usuarios tendrán un aumento del 39 por ciento y el resto, tendrán subas inferiores a 47 por ciento. En febrero, el 90 por ciento tendrá un aumento inferior al 18 por ciento y el 10 por ciento restante que más consume, un aumento inferior a 28 por ciento.
Según el cronograma de ajustes y reducción de subsidios, las tarifas de la luz y el gas tienen pendientes nuevos ajustes que regirán a partir de febrero.
Por una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno autorizó a las empresas de medicina privada aumentar en hasta 6 por ciento el valor de sus cuotas a partir del 1 de diciembre, que acumulan en el año un aumento del 27 por ciento por encima de la inflación anual prevista que rondaría el 21 o 22 por ciento.
En cuanto a las naftas, se analiza un aumento que se demoró por una leve caída del precio internacional del petróleo y el pedido del gobierno de frenar el incremento para que impacte lo menos posible en diciembre.
Fuente: Cronica

FUERTE RESPALDO A INSFRÁN DE MOVIMIENTO DEL JUSTICIALISMO

Destacados dirigentes del justicialismo formoseño, hicieron público un manifiesto en respaldo al gobernador Gildo Insfrán a partir de los ataques mediáticos y de carácter judicial que se han visto en las últimas semanas.
Textualmente señala: “Los formoseños no cambiamos de idea, seguimos las banderas de Evita y Perón, por eso defendemos a Gildo Insfran, el más fiel intérprete del ideario nacional, popular y revolucionario y, de lo que el pueblo quiere.
Por ello y, ante la arremetida descontrolada de los personeros del poder económico, que ensoberbecidos por el resultado electoral en el centro del país no tolera que en nuestra provincia el pueblo siga acompañando el proceso de transformación con inclusión amplia de todos los sectores que habitan este bendito suelo formoseño.
No soportan que la gestión del doctor GildoInsfrán haya permitido pasar de una provincia embargada y aislada del contexto nacional a la actual, con superávit fiscal, sin deuda, integrada en su territorio y al resto del país y con la capacidad política para buscar el consenso y la unidad del movimiento Nacional y Popular que pueda recuperar el gobierno para volver a poner en valor esta alicaída democracia en donde se ha perdido al menos la independencia de poderes de nuestra constitución, cuando no, los propios derechos que la maltratada Constitución Nacional consagra.
El apoyo masivo y entusiasta con que se ha expresado el pueblo formoseño en cada consulta electoral, habla por sí solo de los fundamentales objetivos alcanzados por el Gobierno Peronista de Formosa, en beneficio de todo el pueblo, lo que constituye un hecho indiscutible de alto valor democrático.
Esa voluntad mayoritaria que no pudo ser quebrada el 22 de octubre pasado, pese a la discriminación y a los arteros ataques desde el gobierno centralista y conservador que tenemos, que desprecia la política, desprecia a los trabajadores, desprecia a los viejos y los valores democráticos. Y, al no poder torcer la voluntad mayoritaria del pueblo de Formosa, buscan las más bajas formas de intervención para intentar destruir al gobierno provincial en la figura de conductor Gildo Insfan.
Nuestro pueblo peronista, forjado en la resistencia a las políticas de la oligarquía y el imperialismo, hoy como ayer,  resiste y continuará resistiendo el avance de este modelo conservador que pretende imponer nuevas formas de esclavitud,y luchando con el claro objetivo de recuperar para el pueblo el gobierno de la Nación.
Como militantes del Peronismo formoseño, hoy sentimos como una afrenta a todo el pueblo de la Provincia, el intento desestabilizador orquestado desde esferas del gobierno de los CEOS, que apunta a descalificar como Gobernador y anular como dirigente Provincial y Nacional del Peronismo,  al Compañero Gildo Insfran.
Es muy evidente el objetivo político de esta  maniobra,  atento al rol cada vez más importante en pos de la unidad nacional del movimiento, y en especial a la firmeza con que el Compañero Gildo enfrenta las políticas neoliberales del macrismo, nutriéndose en la Doctrina de la Patria Justa, Libre y Soberana.
Por lo expuesto venimos a convocar al pueblo Formoseño y al de la Nación toda,  a defender el sistema Democrático Constitucional, conseguido con el sacrificio y lucha de todo el pueblo argentino, repudiando las arteras maniobras antidemocráticas en desarrollo, reivindicando  al dirigente peronista nacional y gobernador de Formosa, compañero Gildo Insfran.
Por la Patria Justa, Libre y Soberana.  Hasta la Victoria.
Firman por el movimiento denominado “La Trinchera”: Oscar Luis Viñas, Julio  Cossio, Victor Gimenez, Rodolfo Acosta, Jorge Nielsen, Teresa Cossio, Hernán Francia, Carlos Acevedo Hereñu, Roberto Greca, Juan Lenscak, Juan Duca, Elena Cossio, Natalia Greca, Roque Guilio, Daniel Omar Luppo, Luis Zapiola, José Savedra, Norma Maidana, Fernando Saavedra, Cecilia Arce, Mariano Gauna, Sebastian Nielsen, Roxana Morel, Luis Barrios, Daniel Foltz, Carlos Passerini, Ricardo Gomez, Raul Ocampo, Delia Vallejos, Ely Gonzalez, Mario Jazmín, Laura Barrios, Emilce Sanchez, Vilma Lezcano, Alicia Vitonti, Agustina Rios, siguen las firmas.

CTA FORMOSA ANTICIPÓ PARO, MARCHA Y MOVILIZACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL

El secretario General de la CTA, Gerardo Delgado, resaltó que “la reforma laboral que se impulsa desde el Gobierno Nacional es un paso perverso para perder derechos y perder conquistas ya que en nada beneficia a los trabajadores “ y adelantó que el 6 de diciembre está programada una marcha y movilización como estrategia de lucha contra esta medida.
Al respecto Delgado, explicó que el 6 de diciembre habrá una jornada nacional de lucha que convoca la CTA autónoma en conjunto con las organizaciones políticas y sociales de todo el país y que forman parte de la CTA, que se va a expresar con mucha contundencia en Bs As y réplica en todo el país.
Al respecto destacó, desde la CTA Formosa se están repartiendo folletería y volantes informativos acerca de los derechos que se pretende modificar con la reforma laboral, e invitó a los trabajadores a sumarse a la jornada nacional del 6 cuya modalidad es estado de alerta , paro movilización y asamblea en los lugares de trabajo.

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS Y UN CONCLUYENTE APOYO A INSFRÁN

“Fuerza Gildo”, “Defendemos al gobernador, defendemos a Formosa”, “Yo apoyo a mi gobernador”, rezaban algunas de las proclamas portadas por varias de las más de dos centenares de cooperativistas que se reunieron a expresar públicamente su respaldo al gobernador Gildo Insfran.
Atribuyendo a que “en este momento se acrecientan los ataques al señor gobernador por parte de los poderosos nos vemos en la necesidad de hacer público nuestro incondicional apoyo al doctor Insfran”, se afirmo desde la Federación de Cooperativas de Formosa.
Araceli Leliur, vicepresidente de la federación, expuso que “estamos en contra de estas acusaciones mentirosas, una más de las muchas que le hicieron a nuestro gobernador a lo largo de su íntegra carrera política que tantos logros tuvo para el pueblo formoseño”.
“Podría estar muchas horas para exponer las transformaciones logradas, pero sobre todo para marcar que sus políticas publicas hizo que no haya lugar de la provincia donde las familias lograron mejorar sus condiciones vida”, indico, entendiendo que “es una obligación de todo formoseño de bien salir a defender al doctor Insfran, quien quedara en la historia de nuestra provincia como el gobernante que sentó las bases para el desarrollo de esta y furas generaciones”.
Por su parte, el secretario de promoción de la FCF,  Enrique Calabresi, dijo que “acá están manifestándose decenas de cooperativistas de las más diversas actividades laborales, quienes voluntariamente y lo que demuestra el esclarecimiento que tiene el pueblo, nos propusieron juntarnos y públicamente expresar nuestro apoyo al señor gobernador Gildo Insfran, a partir de las denuncias tratando de manchar su honestidad y su brillante gestión como gobernante”.
Destaco que “fue el doctor Insfran quien dignifico a miles de formoseños, sobre todo al que menos tiene, dándole la posibilidad de desarrollarse en el lugar donde elogio vivir a través de políticas de plena justicia social como solo el peronismo propone. Y esto molesta a un gobierno nacional que solo piensa en los poderosos y a partir de ahí ataca a los que piensa por sobre todo en el pueblo”.

SE INSTA A VECINOS A NO BAJAR LOS BRAZOS EN CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE

La cartera Sanitaria local recordó a la comunidad que las múltiples tareas de prevención vienen teniendo lugar en el territorio provincial abarcando las distintas localidades.
Los trabajos de prevención comprenden fumigaciones en espacios públicos como calles, paseos, plazoletas, entre otros, como también tareas domiciliarias con descacharrizados, entrega de repelentes y de material gráfico informativo acompañado de charlas con vecinos para profundizar la campaña.
En la oportunidad las localidades alcanzadas de forma simultánea por los amplios trabajos preventivos en el día de la fecha son: Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Clorinda, Laguna Blanca, Las Lomitas y cercanías.
Desde salud insisten que la prevención es la única forma de evitar estas enfermedades. Por tal motivo, es necesario el compromiso de todos en aunar esfuerzos y sumar actividades de control diario en el hogar como desechar todos los recipientes que no son de utilidad como latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados, partes de juguetes, entre otros.
También, debe evitarse que se acumule agua en aquellos objetos que se utilizan diariamente, tapándolos herméticamente, colocándolos boca abajo o bajo techo como los baldes, palanganas, cisternas, depósitos de agua, aljibes.
Otra medida que debe tenerse en cuenta es proteger el cuerpo de la picadura de este insecto, por ello se recomienda aplicarse repelente, teniendo en cuenta que debe ser renovado cada tres horas ya que sus efectos duran por este periodo de tiempo.

HUMOR

CFK vuelve al Senado

La ex presidenta jura hoy en la Cámara alta
La sesión de jura de los 24 senadores electos el 22 de octubre comenzará a las 10.30. Además de Cristina Kirchner jurarán los también ex presidentes Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. 
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner jurará hoy como senadora nacional. Lo hará junto a los 23 senadores que fueron electos en las elecciones legislativas de octubre, en representación de ocho provincias.
La sesión protocolar de jura de los nuevos senadores comenzará a las 10.30 con la particularidad de que tendrá entre sus protagonistas a tres ex presidentes: además de CFK, jurarán Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. El riojano fue reelecto en las últimas elecciones en las que finalmente pudo competir luego de que se dejara sin efecto la impugnación de su candidatura por tener sentencias por hechos de corrupción. El puntano, de fugaz paso por la Presidencia tras la caída de Fernando de la Rúa en 2001, va por un nuevo período consecutivo en la Cámara de Senadores donde ya lleva dos.
Cristina Kirchner vuelve a la Cámara alta de la que se fue en 2007 para asumir como presidenta. Las dudas sobre su ingreso al Senado que se plantearon a partir de las operaciones políticas lanzadas desde el oficialismo se disiparon con la aprobación de su diploma de senadora el pasado 21 de noviembre. Ese día La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió y dictaminó por unanimidad a favor de los pliegos de los 24 senadores electos el 22 de octubre último. El único que tuvo una impugnación fue Menem, la cual fue rechazada in límine y sin discusión, dado el fallo de la Corte Suprema que avaló su postulación.
Los nuevos senadores asumirán en sus bancas el 10 de diciembre cuando se produce formalmente el recambio parlamentario. La llegada de Cristina Kirchner alimenta la expectativa en torno a la situación del bloque del PJ-FpV, dado el enfrentamiento que existe entre el sector del peronismo que conduce Miguel Pichetto y el sector del kirchnerismo.
Los senadores que ingresan a la Cámara alta lo hacen en representación de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz. Además de CFK, por la provincia de Buenos Aires llegan al Senado los macristas Esteban Bullrich y Gladys González. Los otros que jurarán son: los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari y Humberto Schiavoni; los formoseños Rubén Mayans, Teresa González y Luis Naidenoff; los jujeños Silvia Giacoppo, Mario Fiad y Carlos Snopek; los riojanos Julio Martínez, Olga Inés Brizuela y Carlos Menem; los puntanos Adolfo Rodríguez Saá, María Catalfamo y Claudio Poggi; los sanjuaninos Rubén Uñac, Cristina López y Roberto Basualdo; y los santacruceños Eduardo Costa,  María Belén Tapia y  Ana María Ianni.

Sin rastros del supuesto enfrentamiento

Un operador turístico que estaba en la zona relató cómo fue el operativo que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel
Pablo Curlo aseguró: “De abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres’”. Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, quienes llevaron el cuerpo de Rafael Nahuel, siguen detenidos y fueron indagados en la causa por muerte dudosa.
“No me dejen, peñis”, les dijo Rafael Nahuel a sus compañeros después de que lo hirieron, relató Lautaro González.
“No me dejen, peñis”, les dijo Rafael Nahuel a sus compañeros después de que lo hirieron, relató Lautaro González. 
Imagen: Gustavo Zaninelli
Desde Bariloche 
Pablo Curlo es un operador turístico que pasaba por la zona de Villa Mascardi cuando se produjo el operativo del grupo Albatros que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. El hombre relató que los efectivos del grupo Albatros disparaban rodilla en tierra desde la ruta y hacia la montaña. Explicó que se encontraba a unos “50 o 60 metros” del lugar donde los uniformados “en el medio de la ruta” y con “armas largas” efectuaban disparos hacia la comunidad. “De abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres’”, detalló. En ese contexto, dijo haber visto como dos personas bajaron a un muchacho que parecía herido.
Curlo relató que llegó al lugar manejando una combi con turistas que volvían de una excursión en la zona del río Manso. Personal de la Policía Federal cortó el tránsito, y pudo observar como “cruzaban la ruta corriendo de un lado para otro lo que parecía ser gente de seguridad”. Instantes después, los efectivos “con uniformes color beige”, se apostaron rodilla al suelo y dispararon montaña arriba, según el testimonio.
“No sé si fue el preciso momento que este muchacho (por Rafael Nahuel) falleció. Desde la ruta no vi gente con (armas) 9 mm, yo veía gente con armas largas y tirando”, dijo a FM Horizonte de Bariloche. Especificó que eran “armas largas, tipo escopeta. No sé qué habría dentro del bosque, yo vi lo que estaba en la ruta, delante mío”.
El hombre aseguró que efectivos de Albatros “tiraba a mansalva”. Estos prefectos “disparaban” detrás de otro grupo de agentes “en formación” que los protegía en primera línea “con escudos”. Mientras sonaban los disparos “escuché un grupo de gente que estaba arriba gritando que dejen de tirar, que había mujeres, chicos y que estaban matando gente”. 
Curlo detalló que en determinado momento “bajaron dos paisanos -de esos que uno se encuentra en la zona de El Manso o la estepa-, con un muchacho que bajaban en brazos, que yo supongo que era Rafael. A estos paisanos los precintaron o les pusieron esposas, no los trataron muy bien”, dijo. A la persona que trasladaban “la subieron a una ambulancia”. Los “paisanos” de los que habla Curlo son, probablemente, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, los jóvenes que fueron detenidos tras llevar el cuerpo de Rafael Huemul.
Según interpretó del movimiento de las fuerzas de seguridad, “liberaron la zona para que no haya testigos” con el corte de la ruta Juan Herman -ex 40 sur, que une Bariloche con El Bolsón-. “Nos mandaron para Bariloche, la ruta seguía cortada, nos pidieron datos, documentos y nos revisaban el auto a ver si llevábamos a alguien en los baúles”, señaló.
El operador turístico confió que se decidió a dar su testimonio luego de recibir un mensaje de una cadena de whatsapp en el que algunos sectores de la sociedad de Bariloche convocan a una movilización “a favor de las fuerzas de seguridad”. Y señaló que está dispuesto a declarar ante el juez Gustavo Villanueva. “Yo creo que las fuerzas pueden ser necesarias y hay que apoyarlas, pero a mí me indignó ver que entre las filas de la fuerza estaban totalmente desbocados”.
En ese mismo sentido, contó que mientras se encontraba en el retén en la ruta “atrás mío, en la misma fila de autos, pasaban caminando y algunos decían ‘pegale un tiro en la frente a ese hijo de puta y dejame pasar’. Yo creo que la sociedad está enferma. Pide sangre para seguir tu camino. Eso me quedó grabado y es lo que quise transmitir”.
Los culpables perfectos
En tanto, la justicia federal mantiene como imputados en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel a los mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, detenidos desde el sábado en celdas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trata de los dos jóvenes que bajaron de la montaña hacia la ruta con Rafael herido en una improvisada camilla, a la búsqueda de ayuda para intentar salvarlo.
Según pudo reconstruir PáginaI12, el juez Gustavo Villanueva tomó declaración indagatoria el lunes por la noche a Jones Huala y González. La medida se extendió hasta pasadas la una y media de la madrugada.
El expediente fue caratulado como “NN sobre muerte dudosa”, y tras la toma de la indagatoria, el magistrado tiene ahora diez días para definir la situación procesal de ambos jóvenes.
Durante su exposición ante Villanueva, González relató pormenorizadamente cómo se dieron los hechos durante el operativo del grupo Albatros de Prefectura, el sábado pasado en la comunidad de la zona de Villa Mascardi.
Dijo que en determinado momento se interrumpió la comunicación con integrantes de la comunidad que estaban montaña abajo, y que cuando iniciaron el descenso “les gritaron ‘alto’, y en seguida (los efectivos) comenzaron a disparar”. En ese momento “empezaron a correr, en medio de una balacera terrible, los balazos rebotaban en los coihues, y ahí vieron caer a Rafael”, dijo Lautaro al juez, según explicó a PáginaI12 la abogada de los jóvenes, Sonia Ivanof, presente también en la indagatoria.
“No le veían sangre, pero los ojos se le ponían en blanco. ‘No me dejen peñis’, les decía Rafael. Le levantan la remera y Fausto ve un globo de sangre bajo la axila. Ahí se dan cuenta que estaba grave”, detalló Lautaro González en la indagatoria.
Los dos jóvenes improvisaron una camilla con palos y comenzaron a bajar hacia la ruta. Fausto, según Ivanof, tomó un casquillo de las balas disparados por los integrantes del Prefectura y se lo metió en el bolsillo, “a modo de prueba de lo que habían pasado”. Al llegar a la ruta, les apuntaron, los redujeron y detuvieron, mientras que Rafael fue ingresado en una ambulancia.
La abogada Ivanof designará en las próximas horas los peritos de parte, para que se sumen a las medidas de prueba que pueda ordenar el Juez Villanueva. Ayer, la Asamblea Permanente por los derechos Humanos y la familia de Nahuel se presentaron en la causa como querellantes. 
Desde el juzgado no se emitió información oficial que detalle si serán convocados a declarar los integrantes del grupo Albatros que participaron de la represión, ni si existen prefectos imputados en la causa.

“Están armando un enemigo”

El obispo de Bariloche salió al cruce del discurso del Gobierno
Juan José Chaparro dijo desconocer la existencia de la RAM y negó que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tengan vínculos con esa supuesta organización. Les pidió a las autoridades acceder al diálogo para no comenzar “a sumar muertos”. 
“No conozco la existencia de la RAM”, insistió el obispo Chaparro.
“No conozco la existencia de la RAM”, insistió el obispo Chaparro. 
El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, advirtió que “las autoridades” del Estado deben favorecen la apertura de “canales de diálogo” con las comunidades mapuches para que asesinatos como el de Rafael Nahuel “no se repitan y no comencemos a sumar muertos”. El sacerdote negó la posibilidad de que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tengan vínculos con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): “Me parece que están armando un enemigo”, puntualizó.
Chaparro fue una de las personas que accedió al territorio de Villa Mascardi, donde el joven de 21 años fue baleado por Prefectura, para ver la situación en que se encontraba el resto de los miembros de la comunidad. “Hay jóvenes varones, mujeres y niños”, describió. Según su relato, en el diálogo con el juez que ordenó la represión y que encabezó esa comitiva, Gustavo Villanueva, los mapuches pidieron “hacer algunos días de duelo” y luego retomar las negociaciones sobre su permanencia en el lugar.
Asimismo, dijo sentir “procupación y dolor” por lo que ocurrió con Nahuel y pidió “lucidez y racionalidad” para “que se abran caminos de diálogo”. Rescató la decisión del juez de posibilitar la llegada de “ayuda humanitaria”. “Hay que dialogar y hacer todos lo posible por salvar vidas humanas”, remarcó.
A la vez, el obispo relativizó la existencia de alguna relación entre la RAM y la comunidad que, desde el 14 de septiembre, se asentó en un predio lindero al Lago Mascardi, un territorio que reivindica como propiedad ancestral. Es más, puso en tela de juicio la existencia de ese grupo que los gobiernos nacional y de Río Negro califican como una organización que siembra el terror en la Patagonia.
“No conozco la existencia de la RAM. Me parece que se está armando un enemigo”, señaló el religioso quien, con estos dichos, puso en jaque la versión del Gobierno sobre la presencia de esa supuesta organización paramilitar. Según su experiencia en la región, en los barrios más pobres de Bariloche “hay gente que vivía en un lugar y que luego se fue endeudando hasta que de repente no tenían más ese terreno” y comenzaron a buscar otros lugares para vivir. Alguno de ellos, continuó, pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires, ejemplificó. “Pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande”, afirmó.
“Que se ocupe un lugar no siempre significa que quienes lo hacen sean grupos RAM u otros”, insistió y recordó que en la zona que abarca su diócesis “hay organizaciones y comunidades mapuches que han estado trabajando para conseguir sus tierras de una manera legal”. Citó entre ellas a las varias comunidades y al Parlamento Mapuche, que tiene sus representantes en Bariloche.
Es más, contó que antes de una de las movilizaciones de los últimos días, varios integrantes de la comunidad mapuche le manifestaron su “preocupación” por posibles “actos de violencia” que los tuvieran como víctimas. “Siempre puede haber otros que se metan”, arriesgó y dijo conocer casos como el “incendio de un refugio” en el que “apareció la palabra RAM”. “Pero yo no los conozco”, reforzó.
Sobre el asesinato de Rafael Nahuel, Chaparro evitó arriesgar si la muerte fue producto de “una ejecución” por parte de las fuerzas de seguridad. La autopsia determinó que el joven murió de un disparo por la espalda con una bala como las que usa el Grupo Albatros de la Prefectura. “La reconstrucción la tendrá que hacer la Justicia”, dijo. “Lo que yo quiero –subrayó– es que se encuentren caminos de diálogo y que haya una solución aunque sea temporaria.”

Los policías por encima de los jueces

El Ministerio de Seguridad dictó una resolución que permite a los uniformados ignorar órdenes de los magistrados
La cartera que conduce Patricia Bullrich, quien fue respaldada por Mauricio Macri, tomó la decisión en el marco del incremento de la presión al juez que debe investigar el asesinato de Rafael Nahuel. El Gobierno le reprocha que no desaloja a los mapuches.
En la reunión de gabinete, Macri respaldó a Bullrich y al accionar de la Prefectura.
En la reunión de gabinete, Macri respaldó a Bullrich y al accionar de la Prefectura. 
Imagen: Télam
El Gobierno incrementó la presión sobre el juez que debe investigar el asesinato de Rafael Nahuel para que detenga sus intentos de llegar a una solución no violenta con la comunidad mapuche. Tras una reunión de gabinete, en la que el presidente Mauricio Macri respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que el Gobierno está disconforme con la decisión del juez Gustavo Villanueva de avanzar en una negociación con los mapuches para poder ingresar a buscar pruebas. La secretaría de Derechos Humanos, de hecho, emitió un comunicado para aclarar que no participaba de la mesa de diálogo “con los ocupantes ilegales”. Además, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución que les permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces cuando consideren que no son legales.
Luego del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, el Gobierno salió a justificar a la Prefectura y a asegurar que se dio en el contexto de un enfrentamiento armado con los mapuches. Cuando le pidieron pruebas, la ministra Bullrich dijo que no las necesitaba y le indicó al juez que debía apresurarse a desalojar el predio ocupado por los mapuches. Desde el Gobierno expresaron su desagrado por que el magistrado no haya ordenado una nueva incursión para sacar a los ocupantes. 
Así lo planteó Peña a la salida de una reunión de Gabinete, en la que el Presidente se dedicó a reclamar que se respete a la policía y a la ley. Según publicó el diario Clarín, Macri sostuvo que los prefectos no deberían haber intentado llamar para pedir permiso antes de abrir fuego con balas de plomo: deberían haberlo hecho sin consultar. “Hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”, aseguró el Presidente, quien reclamó: “Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse.” Todas sus intervenciones fueron en ese sentido. 
Algunos de los ministros que asistieron a esa reunión relativizaron ante PáginaI12 que el Presidente haya sido tan taxativo (sostuvieron que abogó por no utilizar la violencia y por el respeto de la ley), mientras que otros indicaron que el sentido general de lo conversado fue un respaldo a Bullrich y al accionar de Prefectura.
“Patricia tiene el respaldo del Presidente y está fuerte. Subió en las encuestas después del caso Maldonado”, advirtieron en el Ministerio de Seguridad ante los pedidos de interpelación y de renuncia que vienen de la oposición y algunos organismos de derechos humanos, a los que en el Gobierno desprecian abiertamente. 
Terminada la reunión de gabinete, Peña salió con un objetivo claro: cuestionar el accionar del juez Villanueva, que debe investigar el asesinato de Nahuel y marcarle cuál debe ser el camino a seguir. Sostuvo que el Gobierno está preocupado porque el magistrado no asegura “las pruebas y la información” y no concreta el desalojo de los mapuches. “Da la sensación de que no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la manda judicial”, indicó el jefe de Gabinete. En el Gobierno, reclaman que el juez dé una nueva orden para avanzar en el desalojo y, en ese caso, las fuerzas federales procederán a ingresar, reprimir y detener a los mapuches por el delito de usurpación. 
El diputado oficialista Waldo Wolff sugirió, incluso, que “se debería tomar alguna medida contra el juez si no actúa. Hasta que la justicia no se ponga los pantalones nosotros vamos a seguir discutiendo”. El rechazo a la vía negociadora con los mapuches es tal que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj, emitió un comunicado para aclarar que no avalaba ningún diálogo. “No se firmó ningún acuerdo con los ocupantes ilegales”, fue el título en letras catástrofe del comunicado, en el que Avruj señala que “presentó una nota al juzgado con un acta de la mesa de dialogo de la que participo la interventora del INAI, en la que se dejó constancia que en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograran cuando los actores actúen conforme a la ley y al estado de derecho”.
En esta misma dirección, el Ministerio de Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirle a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez (sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia policía).
De todas formas, la resolución parece apuntar a determinados tipos de delitos y se combinará con la ley de flagrancia, que permite a la policía actuar sin orden judicial (es el argumento que se utilizó para entrar a la Pu Lof en Cushamen el día en que murió Santiago Maldonado).
Los ejemplos que pusieron a este diario en el Ministerio de Seguridad fueron: el ingreso de una persona encapuchada y armada a un territorio privado, el intento de palpar a un policía para ingresar a ver si tiene armas. “Es una resolución que sólo profundiza el artículo 19 de la Constitución Nacional”, indicaron a este diario en el Ministerio de Seguridad. Se trata del artículo que dice que “ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”, aunque nada dice sobre desobedecer fallos judiciales. No está claro cómo se procederá, por ejemplo, si un juez ordena no reprimir un corte de ruta y una fuerza federal ignora ese fallo. Ni tampoco cómo tomarán los jueces que las policías desacaten una sentencia.

“Hay un plan sistemático de persecución”

Tras el asesinato de Nahuel, solicitan a la CIDH una cautelar contra la represión a los mapuches
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una ONG pidió una medida cautelar para proteger a toda la comunidad, en particular para los menores y testigos. Los detenidos realizan huelga de hambre.
Fausto Jones Huala permanece detenido, al igual que Lautaro González.
Fausto Jones Huala permanece detenido, al igual que Lautaro González. 
Imagen: Gustavo Zaninelli
Mientras les apuntaban los efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, entre cuatro bajaron el cuerpo del mapuche Rafael Nahuel desde el cerro hasta la ruta 40. Dos de ellos, Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron detenidos en ese momento, los dejaron precintados al lado del cadáver durante horas hasta que fueron trasladados, ya de madrugada, y permanecieron incomunicados hasta ayer a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Luego los arrastraron 300 metros y recibieron maltratos”, dijo una de las voceras mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu. Por la integridad física de estos detenidos –testigos directos del homicidio de Nahuel–, de los niños y los demás miembros de esa comunidad desalojada y reprimida desde el jueves pasado, la ONG Naturaleza de Derechos hizo un nuevo pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Como ya lo hemos solicitado en casos anteriores, consideramos vital la constitución de la CIDH en la región, a fin de realizar una visita in loco y corroborar los hechos denunciados y sobre el plan sistemático contra el pueblo mapuche en la Argentina”, dice una parte del texto enviado a Washington por el abogado Fernando Cabaleiro. En tanto, la vocera mapuche Soraya Maicoño informó que Jones Huala y González siguen presos, iniciaron una huelga de hambre y uno de ellos está “orinando sangre por los golpes recibidos”.
La CIDH ya se habría puesto a estudiar el caso y algunas secretarías de derechos humanos de provincias gobernadas por la oposición estarían evaluando sumarse a la presentación. En esta nueva solicitud, la ONG afirmó que hay “un plan sistemático del Estado argentino de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución”.
Cabaleiro describió que hace dos meses, a cien metros del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en las proximidades de la ruta 40, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu recuperó un predio para establecer una Pu Lof en base a sus reclamos territoriales ancestrales. Se ampararon en la ley 26.160, el articulo 33 de la Constitución y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El jueves pasado el juez federal Gustavo Villanueva ordenó un “importante operativo comandado por Policía Federal, que a las 5.30 ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu, desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. Se trató de un procedimiento violento contra personas menores, mujeres y adultos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el que contó con alrededor de 300 empleados de diversas fuerzas federales”, dice la petición a la que PáginaI12 tuvo acceso. La CIDH ya dictó medidas cautelares respecto de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que fueron incumplidas por el Estado.
“Según algunos medios de comunicación, se contabilizaron 170 policías de la Federal, cien prefectos, sumados a gendarmes. Además sobrevoló la zona un helicóptero de las fuerzas del Estado. En el operativo estuvo presente el juez Villanueva y la fiscal Silvia Little”, sigue el relato de los hechos. El abogado de Naturaleza de Derechos ingresó la petición cuando aún no había información oficial sobre el resultado del procedimiento, y precisó que “las propias fuerzas de seguridad mantienen cortado el tránsito sobre la ruta 40 a unos 6 kilómetros del lugar, por lo que el acceso a la prensa y organizaciones que intentaron acercarse a acompañar a la comunidad no pueden acceder”. Según denunciaron integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, además de detenidos había miembros de la comunidad heridos producto del accionar policial. “El que instó a la acción penal de desalojo es el propio Estado, a través del organismo estatal Parques Nacionales. Se argumenta que el territorio en conflicto es Parque Nacional, desconociendo que a su vez es territorio ancestral mapuche, que la comunidad reclama y reivindica como pertenencia”.
Una vez terminado el desalojo, efectivos de la Prefectura, la PSA, la Policía Federal y Gendarmería continuaron custodiando la zona, y bloqueando los accesos aledaños. “En el marco de este procedimiento se llevó adelante la detención de 5 mujeres y 5 niños menores –de 1, 2, 3 y dos de diez años–, quienes fueron detenidos en la sede de la Policía Federal. Tras 20 horas fueron liberadas las mujeres y niños. La detención de los niños violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se denuncia que no contaron con una debida defensa oficial”, indica el escrito enviado a la CIDH. Cuando trascendió la noticia de la detención, militantes de organizaciones sociales y mujeres y hombres mapuches se movilizaron hasta ese lugar para reclamar la liberación de las mujeres. Desde el juzgado federal de Bariloche, que el juez Villanueva subroga, no hubo ninguna información oficial durante la jornada. “Acá hay niños detenidos por el Estado”, decían algunos de los carteles que exhibían los manifestantes que fueron hasta la sede de la Policía Federal. 
El representante de la Coordinadora Mapuche Luis Pilquimán dijo que “la situación no se resuelve con represión. Estamos preocupados por el antecedente triste y tremendo que tenemos en Chubut”. Ante el reclamo del Lof Lafken Winkul Mapu se había abierto el diálogo “pero el Estado decidió ignorarlo abiertamente para proceder con violencia”. 
La muerte de Rafita
El peticionante abogado Cabaleiro describió que el “25 de noviembre, aproximadamente a las 16.30, miembros de grupos especiales GEOP y Albatros continuaron con sus operativos de búsqueda de mapuches en zonas aledañas a la zona recuperada por parte de la Comunidad Lof Lalken Winkul Mapu, y en la parte de la ladera alta de la montaña procedieron a reprimir violentamente a un grupo de personas que transitaban por el lugar, con munición letal (balas de plomo). De esa represión fueron heridas al menos tres personas y detenidas al menos dos personas más. De las tres personas heridas, se ha podido constatar que una de ellas ha muerto, según confirmación del personal del hospital local. Se trata de Rafael Nahuel, de 22 años, conocido como ‘Rafita’, mapuche que integraba la Lof Lafken Winkul Mapu, recibió un disparo de bala de plomo que ingresó por el glúteo y se alojo en el tórax”. Al momento de la presentación, el letrado indicó que “las otras personas estarían heridas y se encuentran hasta el momento desaparecidas, ya que no se cuenta con información cierta”.
Naturaleza de Derechos dedicó un párrafo al rol de los medios y el Gobierno. “El Estado pretende instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos que los mapuches tenían armas largas, se habla de subfusiles, lo cual es absolutamente falso. Al menos dos personas fueron capturadas por miembros de la Prefectura (...) Se trata de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que se encuentran en sede de la Policía Aeroportuaria y son testigos presenciales del asesinato de Rafael”, sostuvo el abogado. “Se encuentran incomunicados, sin fundamentación alguna, por orden del mismo juez que tiene una responsabilidad directa en el asesinato de Rafael. Es clara y manifiesta la desprotección y el peligro inminente de los detenidos”. A su criterio, “la situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas tendientes a modificar esta situación, a sabiendas de las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian situaciones como las relatadas”. 
Ley incumplida
El pedido de intervención a la Comisión se basa en la “manifiesta ilegalidad del proceder del Estado” dado que “el Gobierno oficializó la prórroga por cuatro años más de la Ley 26.160 que había sido determinada por el Parlamento, y dicha ley suspende que se realicen desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral”.
Por eso, “con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal” solicitó una “medida cautelar genérica para todos los miembros de la Comunidad Lof y especialmente los menores mapuches, tras el desalojo violento denunciado, a fin de que el Estado Argentino adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias”. Y también pidió medidas cautelares para los detenidos  Fausto Jones Huala y Lautaro González por ser testigos esenciales de la muerte por parte del Estado argentino de Rafael Nahuel, por considerar que los mismos se encuentran en una situación de riesgo grave” al “encontrarse detenidos arbitrariamente”. Cabaleiro concluyó que “el presente caso se suma a la persecución y represión que vienen sufriendo las comunidades mapuches en la Patagonia” y consideró que “no se trata de una incapacidad del Estado argentino para tratar la situación mapuche en la Patagonia sino un plan sistemático del Estado de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución Nacional”.

Una marcha en rechazo al paquete de reformas

La Corriente Federal, Camioneros y las dos CTA junto a movimientos sociales se movilizan al Congreso
Con la consigna “No es reforma, es ajuste”, los gremios más opositores apuestan a una fuerte demostración de rechazo a las medidas.
Los estatales de ATE y Pablo Micheli, de la CTA, participaron ayer de una movilización en Neuquén.
Los estatales de ATE y Pablo Micheli, de la CTA, participaron ayer de una movilización en Neuquén. 
En una protesta que busca ponerle un freno a la reforma laboral, los gremios de la Corriente Federal, Camioneros y las dos CTA, junto a los movimientos sociales, se preparaban para marchar esta tarde al Congreso. La movilización contra el gobierno –en rechazo a las políticas de ajuste y de pérdida de derechos sociales que implican los proyectos de reforma laboral, previsional y el pacto fiscal con los gobernadores–, se realiza en tensión con la cúpula de la CGT. Los gremios convocantes hacen una apuesta a desbordar la plaza. Sobre el escenario en el que hablarán Hugo Yasky, Pablo Micheli, Sergio Palazzo y Pablo Moyano va a desplegarse como expresión de la jornada la consigna “No es reforma, es ajuste. Basta!”
El Gobierno resolvió hacer a su vez un gesto ante la marcha: con la manifestación en la calle, el Senado va a debatir la reforma previsional, decisión para la que cuenta con los senadores del sector del PJ encabezado por Miguel Angel Pichetto. 
Los sindicatos quieren poner en las escalinatas del Congreso a unas cien mil personas: si estas reformas hacen al corazón del modelo económico y social de Cambiemos, la confluencia de las organizaciones gremiales y sociales que lograron armar esta movida lleva también en sí una expectativa mayor, la de servir como punto de inflexión a la hasta ahora disgregada resistencia social al macrismo.  
Las columnas tienen previsto entrar a la plaza en cuatro brazos, según su vertiente. Las dos CTA van concentrarse a partir de las 13.30 desde la esquina de Callao al 100, en dirección a la Avenida Santa Fe. Ahí van a ser mayoría los maestros de Ctera, los docentes están terminando el año en el que les fue quitada la paritaria nacional, y votaron realizar durante la jornada un paro que afectará a las escuelas públicas. En este brazo de la manifestación también es segura una fuerte presencia de estatales, hoy amenazados con una nueva ola de despidos masivos, vía los planes de “optimización” del Estado del ministerio de Modernización. 
Sobre la avenida Rivadavia hacia el bajo va a concentrar la Corriente Federal. La rama interna de la CGT liderada Sergio Palazzo (La Bancaria) impulsó la convocatoria a la marcha, haciendo de imán o pegamento del moyanismo. El sector liderado por Pablo Moyano –secretario gremial de la CGT– con los Camioneros va a llegar al escenario desde la avenida Entre Ríos. En el medio, por Hipólito Yrigoyen, van a estar las organizaciones sociales lideradas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). 
La confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que representa a otro sector de las cooperativas de trabajo, también adhirió a la movilización.  Anoche estaban en viaje a Buenos Aires delegaciones de algunas regionales de la CGT que salieron desde ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
También participarán en la protesta el sindicalismo clasista y los partidos del Frente de Izquierda, como es tradicional con una columna independiente. 
Como los docentes, los metrodelegados anunciaron un paro que dejará al subte sin servicios de 5 a 7 de la mañana, y ATE Capital una huelga por 24 horas. 
La reforma laboral fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo luego de una serie de correcciones que el ministerio de Trabajo acordó con el triunvirato que conduce la CGT. Estos cambios morigeraron el proyecto original. Sin embargo, la Corriente Federal, el moyanismo y las CTA plantean que el proyecto sigue siendo totalmente regresivo. Los cuestionamientos que hacen al texto “corregido” pueden resumirse en los siguientes puntos: 
  •  El proyecto abarata las indemnizaciones por despido, al excluir de su base de cálculo el aguinaldo y los bonos. Esto licúa el poder disuasorio de cualquier indemnización.
  •  Insiste en la legitimación de las pasantías, que funcionan en realidad como un mecanismo de fraude laboral, haciendo del empleo joven empleo precario. 
  •  Limita el principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos, lo que facilita que los trabajadores sean presionados para ceder mejoras. 
  •  Elimina la responsabilidad solidaria de las empresas que tercerizan empleados, lo que afecta tanto los derechos de los trabajadores como el modelo sindical por actividad.
  •  Permite la creación de fondos de despido a costa del trabajador.
La movilización contra la reforma ya tuvo un primer efecto, ya que tras el anuncio de la protesta, su tratamiento en el Senado fue postergado. El PJ liderado por Pichetto condicionó sus votos a que la CGT unificara una postura, y anunció además que va a darle vía después del 10 de diciembre, cuando la Cámara Alta tenga su nueva conformación. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será entonces una de las voces opositoras que se escuchen en el debate. Lo que no se esperaba es que el gobierno redoblara la apuesta incluyendo en la agenda de hoy el tratamiento de la reforma previsional. Como otro elemento que agrega tensión a la jornada están el operativo de seguridad y las denuncias sobre la actuación de infiltrados en las recientes marchas a la Plaza de Mayo.

Una sí, la otra no

La CGT frente a la reforma laboral y la previsional
El consejo directivo de la CGT definió ayer lo acordado un día antes en la reunión de la mesa chica. Mantienen la esperanza de introducir más cambios en la laboral.
La conducción de la CGT se negó a hacer comentarios sobre la protesta que realizarán los gremios combativos.
La conducción de la CGT se negó a hacer comentarios sobre la protesta que realizarán los gremios combativos. 
Imagen: Télam
El consejo directivo de la CGT definió lo que ya había acordado 24 horas antes cuando se reunió la mesa chica de la conducción. Esto es, el rechazo total al proyecto de reforma previsional y la reafirmación de lo acordado con el gobierno en lo que hace a la reforma laboral. Sobre este último tema, la conducción mantiene la esperanza de poder corregir todavía algunos artículos pero ya durante el debate parlamentario. Pero esta definición no fue tan sencilla porque para ello el triunvirato necesitó casi tres horas de debate interno que incluyó la marcha que realizarán hoy sectores sindicales. Si bien durante la conferencia de prensa posterior los triunviros se negaron a hacer algún tipo de comentario, al final Héctor Daer indicó que la CGT por ahora “no tiene una agenda de protestas”.
Fue una reunión complicada porque la resolución de la negociación de la reforma laboral no terminó de convencer a todos los integrantes del consejo directivo. Sobre todo porque el acuerdo inicial que había consensuado los dirigentes sindicales era no permitir modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los Convenios Colectivos. Sin embargo, el gobierno lo intentó y el triunvirato junto a otros sindicalistas logró anular varios artículos perjudiciales pero igual sobrevivieron algunas modificaciones. 
Uno de los que ayer expresó con más intensidad esas diferencias fue Facundo Moyano, quien pidió que “alguien me explique qué tiene de beneficioso para el trabajador lo que quedó de la reforma laboral”. Es más, buscó saber cuál puede ser el costo político que tendría la central obrera de oponerse a la reforma. Según el representante de los trabajadores del Peaje nadie le respondió. En cambio, dirigentes cercanos a la conducción dijeron que las respuestas que le dieron lo dejaron sin argumentos.
Este tema habilitó la discusión de la marcha de hoy donde Pablo Moyano figura como organizador y convocante. Las críticas no sólo provinieron de quienes habitualmente rechazan la postura del camionero sino incluso de algunos de sus aliados como el titular de Seguro, Jorge Sola, quien le recriminó a los hermanos Moyano el no alinearse con lo que se acuerda en el CD: “Acá adentro hay mil voces pero hacia afuera debe haber una sola”, le dijo. Una postura que no fue acompañada por el metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez quien postuló, sin éxito, que se habilitara la libertad de acción para los gremios que quieran sumarse a la marcha. De hecho el propio Gutiérrez participará de la movilización junto a varias de las seccionales de la UOM. Los triunviros no aceptaron esa posibilidad y hasta le criticaron al metalúrgico el “flyer” que publicó la UOM Quilmes convocando a marchar y que incluyó el logotipo de la CGT.
Pablo Moyano no participó de la reunión. En su lugar estuvo Omar Pérez, quien se limitó a informar que por decisión de las bases el gremio organizó la movilización. Si bien esto bien lo podría haber hecho Moyano, lo cierto es que al comunicarlo Pérez evitaron que el resto de los miembros del CD se les ocurriera debatirle la decisión que podría haber derivo en una votación no favorable para el camionero.   
En rigor, la posibilidad de otorgar libertad de acción no perjudica en nada de la conducción cegetista. En todo caso, lo que sí puede llegar complicarle su autoridad política es la posibilidad de que la movilización sea multitudinaria donde se vean banderas de sindicatos de la CGT e incluso de regionales que integran la central obrera.
Donde no hubo discrepancias es en el rechazo a la reforma previsional. Ahí no hubo fisuras. Cuando finalizó la reunión el triunviro Juan Carlos Schmid aseguró la central obrera “ratificó su rechazo a la reforma previsional en todos sus términos, y su oposición a las modificaciones fiscales acordadas”. En tanto, Daer aprovechó para enviar un mensaje al senador Miguel Pichetto, que había reclamado unidad de criterio en la CGT sobre la reforma laboral: “Estamos todos de acuerdo” dijo y advirtió que ahora la suerte del proyecto “queda en manos de los legisladores”. Eso sí, reconoció que todavía hay “matices y detalles del proyecto sin resolver” que quieren conversarlos con los senadores.

Avanza el ajuste para los jubilados

Pese a las críticas de expertos y el rechazo sindical, el Senado trata hoy la reforma previsional
La Cámara alta realizará una sesión especial desde las 15. Cambiemos y un sector del PJ intentarán aprobar una reducción de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde 2009. También tratarán el paquete fiscal acordado con los gobernadores.
Los senadores sesionarán hoy hasta la madrugada.
Los senadores sesionarán hoy hasta la madrugada. 
Imagen: Télam
El Senado avanzará hoy con la reforma previsional, a pesar de las críticas de expertos en seguridad social y la movilización convocada por un sector del sindicalismo. Durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, Cambiemos y un grupo de senadores del PJ acordaron sesionar a partir de las 15 con el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria como tema central. La iniciativa implicará un importante deterioro en los ingresos de los adultos mayores y una ampliación “voluntaria” de la edad de retiro a los 70 años, entre otros retrocesos. Como el dictamen no tiene los siete días de publicación necesarios, deberá aprobarse el tratamiento sobre tablas, para lo que se necesitará el aval de dos tercios de los senadores. Además, también se tratará hoy el paquete fiscal (ley de Responsabilidad Fiscal y el Consenso Fiscal) acordado con los gobernadores. Por la mañana habrá una sesión para tomarle juramento a los nuevos senadores (entre los que se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner), que asumirán en sus bancas el 10 diciembre.
El jueves de la semana pasada, también por un acuerdo entre el sector del PJ que conduce Miguel Pichetto y el Gobierno Nacional, los senadores de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto avanzaron con el combo de reformas impulsadas por la Casa Rosada. A esa reunión asistieron una docena de gobernadores, quienes ratificaron su respaldo al acta firmada con la Nación, que implica renunciar a los juicios contra el Ejecutivo Nacional, recortar el déficit provincial y una serie de modificaciones impositivas. 
“Con este pacto fiscal las provincias van a estar obligadas a reducir su planta de empleados públicos y bajar el sueldo de la administración. El gobierno se dedicó en estos 2 años a ahogar a las provincias que no son de su color político”, denunció ayer la senadora kirchnerista Nancy González (Chubut).
Respecto de las jubilaciones, Pichetto pidió la semana pasada una modificación de la fórmula propuesta por el Gobierno. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presente en la reunión, aceptó la sugerencia en menos de 15 minutos. La reforma original estipulaba que las jubilaciones aumentarían trimestralmente de acuerdo al índice de precios al consumidor (ICP) medido por el Indec, más un plus del 5 por ciento del aumento del PBI. Ese cálculo arrojaba que las jubilaciones incrementarían en marzo de 2018 un 5,2 por ciento mientras que con la ley vigente actualmente el incremento sería del 12. El jefe del bloque peronista rechazó en duros términos la propuesta del Gobierno. La tildó de “magra” e “insignificante”. Por eso planteó que las jubilaciones debían actualizarse un 70 por ciento por el IPC y el otro 30 por ciento por el Ripte, un índice que mide el promedio de incremento salarial de los trabajadores registrados. A diferencia de la “magra” e “insignificante” fórmula del Gobierno, la propuesta Pichetto implica en marzo un aumento de las jubilaciones del 5,7 por ciento. Además de ser un retroceso en términos del porcentaje de aumento, la iniciativa que se aprobaría hoy implicará dejar afuera del 82 por ciento móvil a los jubilados que ingresaron por la moratoria previsional. Sólo tendrán garantizado ese ingreso aquellos que cobren la mínima y tengan los 30 años de aportes, mientras que con la ley actual y gracias a los aumentos de los últimos años, todos los jubilados que cobran la mínima cobran más de un 81 por ciento del salario mínimo vital y móvil. 
Como no es costumbre del Senado tratar temas sin los siete días de firmado el dictamen (el reglamento del cuerpo dice deberá respetarse “en lo posible”) fuentes parlamentarias adelantaban que las reformas podrían aprobarse luego de la medianoche.

El sueño dorado del patrón omnipotente

Los alcances menos comentados del intento de desmantelamiento de la legislación laboral
Los cambios propuestos a la Ley de Contrato de Trabajo van mucho más allá de abaratar los despidos. Un análisis sobre los múltiples aspectos de la reforma, que marcarían un profundo desequilibrio en las relaciones obrero-patronales.
Al avance de la ley sobre los derechos del trabajador le seguirá el intento de flexibilizar los convenios sectoriales.
Al avance de la ley sobre los derechos del trabajador le seguirá el intento de flexibilizar los convenios sectoriales. 
“El proyecto de ley de reforma laboral constituye el intento de modificación de la legislación laboral más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, desde que en 1976 la última dictadura militar modificó gran parte de la ley de contrato de trabajo que había sido sancionada dos años antes”, advierte un documento del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma (ODS-CTA). “Más que un proyecto de ley, estamos frente a un verdadero programa de los empleadores en materia de relaciones laborales, en el que se abordan prácticamente todas las demandas del sector empresario, a excepción del sistema de representación sindical y de negociación colectiva que siguen siendo centralizados”, define el trabajo realizado por los profesionales del Departamento Jurídico de la mencionada central sindical.
 En un pormenorizado análisis del contenido del anteproyecto de ley que ingresó al Senado, el documento señala que “la lógica del proyecto se acerca mucho a las reformas laborales recientemente aprobadas en Brasil y en Francia”, países en donde la lógica de la flexibilización y precarización laboral se impuso como “solución” desde el frente empresario corporativo a las respectivas crisis económicas. En el caso argentino, señala que “se trata de un proyecto que incluye normas sobre relaciones individuales, relaciones colectivas, fomento del empleo y formación profesional, y sobre cuestiones tributarias”, sin descartar la introducción de cláusulas de flexibilización laboral por medio de la negociación colectiva sectorial. “En un mismo instrumento se volcaron gran parte (o la totalidad) de las demandas patronales, con el objetivo de tratarlas en forma unificada y evitar una discusión más detallada de cada punto en forma individual”, apunta el ODS-CTA. 
Así presentado, el proyecto oficial que llegó al Senado -y que sólo en forma muy parcial y en puntos secundarios será parte de una “negociación” con el triunvirato de conducción de la CGT-constituiría la primera etapa de una “reforma laboral” todavía más profunda, que en esta primera instancia afectaría los derechos laborales del conjunto de los trabajadores, mientras que en una segunda etapa intentaría avanzar “sector por sector” a partir del cuestionamiento de los derechos consagrados en los convenios colectivos de trabajo.  
El proyecto del Ejecutivo avanza sobre aspectos medulares de la Ley de Contrato de Trabajo, planteando en la práctica una desestructuración de la justicia laboral, lo que en el discurso oficial es presentado como el combate a la “industria del juicio”. Este argumento le rindió al gobierno el rédito de que muchos sectores empresarios locales que resultarían perjudicados por el impacto de la aplicación de la ley (reducción de la demanda interna, concentración económica a favor de grandes corporaciones), expusieran su entusiasmo por una política que les promete “bajar los costos laborales”. El reflejo de esta reacción es que, mientras algunas organizaciones empresarias pymes  celebraron la iniciativa, otras con un mayor grado de compromiso están convocando al empresariado a participar en la marcha de repudio a la reforma laboral del miércoles 29. 
El análisis realizado por los especialistas del ODS-CTA enfatiza la incidencia que tendría la aplicación de la ley propuesta, afectando aspectos considerados como “pilares de la Ley de Contrato de Trabajo”. Además de la modificación del régimen indemnizatorio, abaratando el despido mediante la disminución de la base de cálculo a utilizar para la determinación del monto, y la creación de un “fondo de cese laboral” que reduce el costo de desembolso patronal a la hora de despedir personal, existen otros numerosos derechos laborales que resultarían avasallados por la reforma, que han merecido menor atención que los mencionados. Alguno de ellos son los siguientes:
  •  Reducción de aportes y contribuciones patronales. Se crea un  mínimo no imponible aplicable a todos los trabajadores registrados. Es decir, un monto de salario bruto por debajo del cual el empleador no deberá hacer aportes. Ese monto será, a partir de 2022 (quinto año de aplicación de la ley), de 12 mil pesos más la inflación acumulada (IPC nacional) desde enero de 2019 hasta esa fecha. A partir de 2022 se unifica la alícuota de aportes patronales (19,5 por ciento), sin importar el tamaño de la empresa empleadora, sobre todos los trabajadores (no sólo los nuevos), sin estar sujeta a ninguna condición (por ejemplo, el mantenimiento de la cantidad de empleados). “Se trata de una transferencia directa de recursos desde el sistema de seguridad social hacia las empresas, sin ningún tipo de contraprestación por parte de ellas”. 
  •  Ambito de aplicación de la LCT. El artículo 2 de la LCT puntualiza a qué trabajadores “no se le aplica” dicha ley. La reforma pretende agregar como “excluídos de la ley” a los profesionales autónomos “que presten servicios especializados, realizando una actividad a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, de la que resulte económicamente hasta el 80 por ciento de sus ingresos y no superen las 22 horas semanales de dedicación”. Un periodista, un médico, un técnico, o cualquier otro especialista que trabaje en una jornada de hasta seis horas diarias para una empresa como “autónomo” -es decir, que se lo obligue a facturar–, quedaría por esta modificación fuera de las normas de protección de la LCT. Esta consagración de la precariedad es completada en el proyecto de ley por el señalamiento de que “se regirán por una regulación estatutaria especial”, que se desconoce cuál sería. “Teniendo en cuenta la lógica desprotectoria que inspira el proyecto, la creación de esta nueva categoría de trabajadores genera razonables sospechas que el fin perseguido es el de debilitar las tutelas a un sector importante de profesionales que prestan tareas para grandes empresas en situación de semi-exclusividad”, agrega el ODS-CTA. 
  •  Principio de irrenunciabilidad. La concepción protectoria que caracteriza el derecho del trabajo (de la parte más débil, el trabajador, frente a la más fuerte, el empleador) consagra que los derechos del trabajador consagrados por ley son irrenunciables, inclusive los previstos en el contrato individual de trabajo. Pero el proyecto de Cambiemos admite la posibilidad de que mediante acuerdo de partes se modifiquen “elementos esenciales del contrato individual de trabajo” bajo condición de que el mismo sea homologado por la autoridad de aplicación, con el sólo requisito de que el trabajador concurra con patrocinio letrado o asistencia de la asociación sindical que lo represente.
  •  Tercerización. El proyecto apunta a limitar aun más la responsabilidad solidaria entre empresas cedentes, contratistas y subcontratistas de trabajadores, que en la realidad hacen una tarea para las primeras. El proyecto de ley excluye expresamente a una serie de actividades de las obligaciones derivadas de la Responsabilidad Solidaria. Concretamente, el proyecto de ley expresa: “El presente Régimen de Responsabilidad Solidaria no será aplicable a los trabajos o servicios que se contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación”. Aunque la legislación actual es ambigua en este tema, muchas veces son los juzgados laborales los que aplican criterios más amplios y obligan al empleador principal a hacerse cargo del pago de los créditos laborales adeudados por el empleador directo. La sanción de esta ley les impediría expresamente a los jueces aplicar ese criterio en las actividades mencionadas. Está claro que es una medida que beneficia particularmente a aquellas grandes empresas que hacen uso frecuente de las subcontrataciones precisamente en los rubros mencionados.
  •  Contrato a tiempo parcial. El proyecto modifica la definición del contrato a tiempo parcial, estableciendo que “es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las DOS TERCERAS (2/3) partes del horario semanal de labor fijado en la convención colectiva aplicable”. En el texto actual de la LCT se hace referencia a “las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad”. El nuevo texto propuesto “empieza a vincular esos 2/3 con el horario semanal que fijen a tal fin los convenios”, señala el ODS en su análisis, con lo cual parecería estar “abriendo la posibilidad de utilizar jornadas de trabajo diarias variables (siempre que el acumulado respete el “horario semanal de labor”) de acuerdo a las necesidades cambiantes de la empresa”.
No por nada, en opinión de muchos especialistas, la propuesta oficial se asimila a un desmantelamiento de la estructura jurídica de defensa de los derechos del trabajo y vaciaría prácticamente de contenido, y de razón de ser, al fuero laboral.

Independiente avanzó a la final

Superó a Libertad de Paraguay por la Copa Sudamericana
El equipo de Holan consiguió la diferencia en un primer tiempo a pura contundencia, mientras que en el complemento bajó notablemente su rendimiento y sufrió para sellar su pase a la definición del torneo continental que ya ganó en 2010.
Gigliotti festeja su segundo gol abrazado a Silva, autor del centro que el Puma desvió.
Gigliotti festeja su segundo gol abrazado a Silva, autor del centro que el Puma desvió. 
Con un doblete de Gigliotti y un gol de penal de Barco, Independiente derrotó por 3-1 a Libertad de Paraguay y disputará la final de la Copa Sudamericana, ante el ganador de la llave que definirán Flamengo y Junior de Barranquilla. 
El local llegaba con el ánimo por las nubes, un estado al que lo elevó el triunfo en el clásico ante Racing por 1-0 el sábado pasado, con una formación en la que confluyeron muchos suplentes y algunos juveniles. La decisión de Holan de preservar a los habituales titulares tuvo por objetivo que llegaran descansados físicamente y frescos mentalmente para lidiar con un conjunto que arribó a Avellaneda invicto en el torneo continental, luego de siete presentaciones, con cinco triunfos y dos empates, y que nunca había recibido más de un gol jugando de visitante. 
Libertad quiso darles continuidad a esos positivos antecedentes presentando un esquema que priorizaba achicar espacios en su propio campo para sacarle el habitual vértigo que el Rojo suele imprimirle a sus ataques. Lo estaba logrando hasta que su última línea se durmió en un lateral, Bustos aprovechó el rápido saque de manos de Meza y se metió en el área, donde fue derribado por Alcaraz. Penal que Barco cambió por gol. 1-0. Y al minuto siguiente, Independiente enhebró un contragolpe a la velocidad que tanto querían evitar los paraguayos. La empujó Gigliotti tirándose al piso para anticipar a su marcador, pero la jugada tuvo espectacularidad porque en cinco toques el local llegó a la red. 2-0. En dos minutos, Independiente demolió aquella eficacia defensiva de los conducidos por Jubero.
El Rojo había hecho bien la primera parte del trabajo, pero descuidó la de evitar que le convirtieran. Y a la salida de un tiro libre que fue al primer palo de Campaña y que nadie pudo despejar, Cardozo Lucena señaló el 1-2, en el tercer cabezazo en el área. El tanto de Libertad enmudeció a la multitud que colmaba el Libertadores de América y desdibujó el andar del local. Pero cuando los de Holan sumaron su segundo minuto seguido de control de la pelota tras el descuento paraguayo convirtieron el 3-1. Silva sorprendió llegando al fondo. Su centro fue conectado por Gigliotti estirando su pierna derecha y la pelota se metió en el palo izquierdo de Muñoz. Tres goles en treinta minutos, una contundencia que el Rojo pocas veces había mostrado.  
El cotejo siguió siendo intenso en el complemento. Libertad no se resignaba, manejaba la pelota e inquietaba a Campaña. Independiente sufría cada ataque guaraní, y aguantaba a la espera de un contragolpe que nunca pudo armar porque Gigliotti quedaba aislado de sus compañeros, exageradamente retrasados para defender una diferencia que a la postre conservó para avanzar a la final de un torneo que ya lo vio campeón hace siete años.

Norma y Cachita resisten el desalojo

La primera pareja de mujeres casada por orden judicial, al borde de quedar en la calle
Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo, casadas antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, pueden quedar en la calle. El gobierno porteño les inició juicio y la Justicia ordenó el desalojo para la semana próxima. La pareja reclama tiempo.
Norma y Cachita en El Socavón, uno de los pocos centros culturales de Parque Chas.
Norma y Cachita en El Socavón, uno de los pocos centros culturales de Parque Chas. 
Imagen: Sandra Cartasso
Mañana cumplen 38 años de enamoradas. Toda una hazaña, para estos tiempos de amores líquidos. Y llevan 7 de casadas. Con papeles y todo. Fueron la primera pareja de mujeres en contraer casamiento en el país y en Latinoamérica, con un amparo judicial, antes de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, como parte del activismo LGBT que logró esa histórica sanción. A lo largo de sus vidas, tuvieron que vencer sus propios prejuicios y desafiar la educación católica que impone otras formas de amar, para defender su identidad sexual y estar juntas. Hoy con 75 años, Norma Castillo y Ramona “Cachita” Arévalo enfrentan otra batalla: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las está por desalojar de la casa donde viven y armaron uno de los pocos centros culturales del barrio de Parque Chas, El Socavón, que alberga talleres de cerámica, herrería, carpintería, literatura, guitarra y canto. Alquilaban la propiedad, pero su dueña murió sin dejar herederos y pasó a ser propiedad de la Ciudad. El desalojo ya tiene sentencia firme de Cámara y podría concretarse por la fuerza la semana próxima. 
“El gobierno porteño no quiso llegar a ningún acuerdo. No le quiere prestar la casa ni dejarlas morir ahí”, contó a PáginaI12 la defensora oficial, Fernanda Adriana Muñoz, que las está asesorando legalmente. Cachita está muy enferma, con una dolencia cardíaca. “Pedimos que nos den más tiempo para poder conseguir un lugar donde quedarnos tranquilas”, contó a este diario Norma, que dos años atrás fue declarada Personalidad Destacada de los Derechos Humanos de la Ciudad. 
 
Las dos mujeres cobran la jubilación mínima. Norma restaura muebles. Cachita apenas puede moverse. La casa antigua, con patio cubierto, que es hogar y centro cultural, está ubicada en Bucarest al 1400, en Parque Chas. No tiene número en la puerta: se distingue por un mural de carnaval de Oruro y una imagen de Milagro Sala. Ahí el matrimonio tiene su dormitorio, un baño y una cocina precaria. Cuando llegaron, en 2006, era un nido de ratas y lo fueron transformando en el lugar cálido y acogedor que es ahora.
El problema surgió después de que la dueña de la casa falleció sin dejar herederos y el inmueble pasó a ser propiedad de la Ciudad, que les inicio un juicio de desalojo. La sentencia quedó firme el 11 de febrero de 2016. En primera instancia intervino el juzgado nacional en lo Civil 96. Después, la Sala I de la Cámara Civil. En el juzgado les advirtieron que se vayan antes de que les manden la fuerza pública, un procedimiento que estaría previsto concretarse la semana próxima. Pero ellas se resisten a irse. El viernes, en rechazo al desalojo, está previsto pasar en El Socavón la película “Juntas” que narra la historia de Norma y Cachita.
Ayer, Norma, su defensora oficial, y Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos fueron recibidas por el director de Convivencia en la Diversidad del gobierno porteño, David Cohen. “Le pedimos que demore el desalojo hasta que constituyamos una mesa en la que estén representados las áreas de Derechos Humanos, Adultos Mayores, Diversidad, Cultura y el Instituto de la Vivienda. Estamos expectantes a que se encuentre una solución. Además, vamos a presentar un amparo”, contó Pena. Distintas personalidades, como Taty Almeida, se han acercado para expresarse contra el desalojo. También hay una página de Facebook con apoyos a la pareja y a la continuidad de El Socavón.
La primera vez que se vieron fue a principios de los ‘70. “A Cachita la conocí en marzo del ‘71 por intermedio de Julio, mi marido. Ella era la mujer del primo de mi esposo y vivía con él en Uruguay. Cachita llegaba con su marido de visita a la Argentina, para luego radicarse definitivamente en Colombia, que era el país natal de mi esposo. En aquel momento yo tenía 28 años, hacía muy poco tiempo que me había casado y vivía en La Plata. Así fue la primera vez que nos vimos y no volvimos a hacerlo hasta el ‘77, cuando con Julio nos fuimos a vivir al pueblo donde ellos estaban”, recuerda Norma. Habla de su esposa y se le llenan los ojos de luz. Dice que si en aquel momento le hubieran dicho que entre ellas “iba a pasar algo”, se caía redonda.
La dictadura militar la empujó a Norma al exilio. Estudiaba en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, trabajaba en el Hospital de Niños de esa ciudad y militaba en la agrupación Florentino Ameghino. La detuvieron dos veces, antes de dejar el país. Tenía 35 años cuando llegó con Julio a Puvijay, en Colombia. 
Norma contó que se dio cuenta de que le gustaban las mujeres antes de partir, cuando una amiga la interpeló en ese sentido. Pero ella siguió con su marido, hasta que falleció, en 1992. Ya entonces había descubierto el amor por Cachita, que se había separado y terminó viviendo con ellos. Norma era directora de Cultura en el pueblo y Cachita cerrajera. Vivieron durante casi dos décadas su romance en la clandestinidad. Pusieron juntas una discoteca gay en Barranquilla, Colombia, y formaron en ese país parte del movimiento por los derechos de las personas LGBT. En 2003 volvieron juntas a Argentina, vivieron unos años en Corrientes, y luego se instalaron en Buenos Aires, donde finalmente se casaron en 2010, antes de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, para empujar su aprobación y “para que nadie tenga que pasar por lo que sufrimos nosotras”, apunta Norma. “Seguimos tan enamoradas como el primer día”, cuenta, y los ojos le vuelven a brillar. El mayor temor es que las separen: en el juzgado que tiene que ejecutar la sentencia les advirtieron que a Cachita podrían trasladarla a un hospital y a ella, dejarla en la calle. 

La celeste y blanca perdió a su proveedor

Cerró una planta de la textil que se encargaba del hilado de la camiseta de la Selección
Sedamil les comunicó a los trabajadores el cierre definitivo de su planta en Trelew, con 107 despidos, tras once meses de suspensiones. La compañía alega no poder competir con la importación. 
Sedamil ya no producirá la camiseta de la Selección Argentina.
Sedamil ya no producirá la camiseta de la Selección Argentina. 
Imagen: AFP
La política de apertura comercial se cobró ayer otra víctima: la textil Sedamil, encargada del hilado de la nueva camiseta de la Selección Argentina de Fútbol, decidió el cierre definitivo de su hilandería en Trelew, Chubut. La empresa había pasado por distintas instancias antes del cierre, como la suspensión y el ofrecimiento de retiros voluntarios a sus 107 trabajadores que finalmente quedarán en la calle. Según trascendió de fuentes gremiales, el acuerdo por el cierre de la hilandería contemplaría reconocer el 110 por ciento del sueldo bruto en el cómputo de las liquidaciones a pagar en seis cuotas y una ayuda vía Repro proveniente del Ministerio de Trabajo durante otros seis meses por la mitad del salario, pero para ello los trabajadores de la textil deberán acogerse al marco de retiros voluntarios. Esta obligación es para que la empresa pueda continuar con los subsidios en otros sectores, como la tintorería, que todavía se encuentran en funcionamiento.
Es la textil más importante de Trelew, con casi 40 años operando en esa localidad, pero ya hacía once meses que se encontraba en serias dificultades y con la paralización de la producción. Toda la actividad textil está en crisis en la localidad chubutense, con reducción de jornadas laborales, atrasos en los pagos, adelanto de vacaciones. Por su parte, acceder a los Programas de Recuperación Productiva  (Repro) se hace cada vez más difícil para las pymes y en la mayoría de los casos no son suficientes para evitar el cierre. “Están destruyendo absolutamente todo lo que es la producción”, aseguró el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Sergio Cárdenas. 
El año próximo el seleccionado argentino disputará el Mundial de Rusia con una camiseta oficial de la marca de las “tres tiras” a partir de tela confeccionada por Sedamil. La empresa elaboró un entramado que se hace con poliéster especial para contener la transpiración, en un trabajo que demandó más de tres meses, entre el diseño, las pruebas y la puesta a punto para su elaboración. Pero la compañía fue noticia por las suspensiones de empleados en los sectores de hilandería y tintorería debido a la falta de producción resultante de la apertura de importaciones y la reducción del mercado interno.
Luego de casi un año de inactividad, el directivo de la empresa Víctor Kurch comunicó a los más de cien trabajadores la decisión de cerrar el sector de la hilandería. Se mantendrá la parte de tintorería, donde trabajan unas 390 personas, mientras que la compañía hace ya tiempo que comenzó a importar los hilados que antes producía. La empresa les ofreció computar la liquidación con un 110 por ciento del salario bruto y seis meses de Repro que pagaría el Gobierno, y confirmó que en los próximos días se explicarán los alcances específicos de la propuesta. 
Poco después de las 19 horas de ayer, los trabajadores se reunieron en asamblea para analizar y debatir las acciones a seguir. Un dato a considerar es que un grupo de trabajadores se encuentra alineado con el gremio de la AOT (Asociación de Obreros Textiles) y otros son afiliados a Setia (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines), lo que podría demorar la negociación. Setia nuclea a 30 trabajadores en la hilandería de Sedamil, mientras que AOT tiene bajo su órbita a 77, lo que podría demorar un entendimiento de partes sobre la propuesta.  
“Hacía once meses que venían con suspensiones y todos sabemos que es imposible tener una planta sin producir y con los obreros cobrando casi la totalidad del sueldo”, aseguró Cárdenas, quien responsabilizó a la política oficial para las economías regionales, que “no atiende las desventajas comparativas de los parques industriales alejados de los centros urbanos”.
Ariel Schale, director ejecutivo de la Fundación ProTejer, había afirmado días atrás que “el principal problema que se tiene actualmente es una retracción de la demanda, que ocasiona el 75 por ciento de la caída del sector, producto del deterioro del poder adquisitivo y el 25 por ciento lo compone la presión importadora”. Según explicó el referente del sector, un hogar debe destinar más dinero al soporte de la estructura de costos fijos, como tarifas, prepagas y escuela, entre otros, y dilata otros gastos como el calzado e indumentaria. 

Matriz productiva con sello extranjero

Con faltazo de Macri, el Gobierno ratificó ante la UIA el acuerdo con la Unión Europea
El mensaje de Marcos Peña al cerrar la Conferencia Industrial de la UIA aumentó la tensión empresaria, que teme que un acuerdo comercial UE-Mercosur abra aun más las puertas a la importación. “Marca hacia dónde queremos ir como matriz productiva”.
Marcos Peña en el cierre de la Conferencia Industrial de la UIA. Ratificó el rumbo, pero eludió explicaciones.
Marcos Peña en el cierre de la Conferencia Industrial de la UIA. Ratificó el rumbo, pero eludió explicaciones. 
A pesar de la tensión que despierta en el sector industrial la inminencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó el rumbo inexorable hacia la firma sin ofrecer detalles ni dar cuenta de las preocupaciones. En el cierre de la Conferencia Industrial de la UIA, Peña reemplazó a Macri, quien fue invitado al evento pero pegó el faltazo. “Tenemos la posibilidad de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. Es una señal de mediano plazo que marca hacia dónde queremos ir como matriz productiva”, dijo Peña, y mencionó varias veces la supuesta predisposición al “diálogo y la búsqueda de consensos”. Los industriales advierten que no reciben información sobre las negociaciones y piden una mayor participación en un tema tan sensible.
 Este diario informó sobre una reunión que tuvo lugar hace dos semanas en la sede de la UIA en donde una veintena de dirigentes de diversas cámaras sectoriales enroladas en la central fabril comunicaron al subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas, sus preocupaciones sobre el impacto negativo que tendría el acuerdo con la Unión Europea. “El objetivo es perder poco”, dicen en la UIA. Sólo algunos nichos del sector alimentario podrían ganar mercados europeos aunque no la tendrán fácil, porque el Viejo Continente tiene regulaciones muy complicadas de sortear.
 “Vamos a llevar adelante un país que quiere ser global, quiere ser protagonista. Sin buscar falsos liderazgos, llenos de egos, sino sintiéndonos protagonistas sanos. Encerrarnos nos ha hecho daño, y la inserción internacional nos abre una oportunidad. Esperemos que en diciembre podamos tener novedades positivas del ingreso del país a la OCDE. También tenemos la posibilidad de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. Es una señal que marca hacia dónde queremos ir”, dijo Peña.
 El acuerdo con la UE tiene varios capítulos. Uno de ellos es la eliminación masiva de aranceles, que se haría de manera progresiva. Los primeros bolsones de posiciones arancelarias a liberar serían los que no tienen producción local, hasta llegar, pasados los diez años, a los productos “sensibles”. Pero, además, están las compras públicas y la política de patentes, que también encienden luces de alarma entre los industriales. Hay un apartado del acuerdo dedicado a las compras públicas, por el cual las empresas europeas podrían tener igual trato que las nacionales. En tanto, los laboratorios están en pie de guerra contra el acuerdo porque los europeos quieren extender las patentes de los medicamentos.
 El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, no se refirió directamente al acuerdo aunque pidió al Gobierno “encarar el equilibrio entre exportaciones e importaciones y la puesta en práctica de políticas sectoriales industriales”. Entre los economistas hay consenso en que el acuerdo con la UE va a profundizar el déficit comercial. Acevedo brindó apoyó lateral a la reforma laboral. “Bajar el componente no salarial del costo laboral no significa perjudicar al trabajador, al contrario, es mejorar las condiciones para producir más y mejor. Producir es generar empleo”, dijo.
 Por su parte, el economista jefe de la UIA, Diego Coatz, analizó que la industria “está mejor pero con heterogeneidades”. Detalló que entre enero y octubre los sectores de insumos de la construcción, despachos de cemento y acero muestran un avance del 11 por ciento, mientras que madera y muebles, caucho y plástico, automotriz, alimentos y metalmecánica registran una suba del 2 por ciento. En cambio, farmacéuticos y químicos, papel y cartón, edición e impresión y textil e indumentaria caen un 4 por ciento.
 Coatz también resaltó que “las tasas elevadas de interés presionan aun más al sector real” y que “hay una necesidad de contar con líneas de financiamiento productivo para pymes”. Sobre el mismo punto hizo eje en la apertura del evento Eduardo Nougués, de azucarera Ledesma, al criticar la política monetaria de Federico Sturzenegger y la decisión oficial de reducir progresivamente la línea de crédito para la producción que los bancos privados otorgan por regulación del Banco Central.
 “A partir de la convalidación de los votantes se abrió una nueva etapa. La de los consensos básicos, el acuerdo fiscal y el acuerdo de cómo salir de la pobreza con la generación de empleo privado, para eso es la otra agenda de reformas en las que hemos ido avanzando. Construir consensos implica decir verdades incómodas”, cerró Peña. No detalló cómo la rebaja de los aumentos jubilatorios vendría a ayudar a la generación de empleo.