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miércoles, 1 de agosto de 2018

Una pesquisa más cerca de Vidal

La investigación sobre los aportes truchos se instala en La Plata
El juez Kreplak abrió una nueva causa para analizar las donaciones para la campaña de Cambiemos en 2015 en territorio bonaerense. En otra causa, el fiscal federal Di Lello le enviará hoy al juez Ziulu las irregularidades detectadas en la investigación preliminar.
Vidal quedó en el centro de la investigación judicial, denunciada como responsable partidaria.
Vidal quedó en el centro de la investigación judicial, denunciada como responsable partidaria. 
Imagen: Sandra Cartasso
Una buena parte de la investigación sobre aportantes truchos a las últimas dos campañas electorales de Cambiemos se instala finalmente en los tribunales de La Plata. El juez federal Ernesto Kreplak abrió ayer una nueva causa para analizar las donaciones para la elección presidencial de 2015 en territorio bonaerense; en otro expediente ya tenía con anterioridad bajo la lupa los aportes a la campaña legislativa de 2017. En ambos casos se analizan posibles delitos como asociación ilícita, violación de secretos, falsificación de documentos y lavado de dinero. Las denuncias apuntan a la gobernadora María Eugenia Vidal, como responsable partidaria. Otro aspecto de lo que a esta altura parece una gran maniobra para ocultar el origen del dinero para las campañas es la posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, cuyo estudio quedará a cargo de otro juzgado, con competencia electoral, que subroga Adolfo Ziulu. Hoy a primera hora el fiscal federal Jorge Di Lello le enviará el resultado de una pesquisa preliminar, que abrió de oficio apenas el periodista Juan Amorín reveló en El Destape los primeros 205 casos de aportantes fantasma (hoy son más de mil los detectados) del año pasado para las listas que encabezaban Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Le dirá al juez –aunque sin sacar conclusiones– que el material recolectado obliga a investigar presuntas irregularidades. En Comodoro Py sólo quedará una causa, a cargo de Sebastián Casanello, donde se investiga posible lavado, también en las campañas electorales porteñas.
Cada uno de esos expedientes traería consecuencias distintas. Quizá el efecto más temido en el oficialismo a mediano o largo plazo es el que pueda resultar de las infracciones a las normas electorales, ya que según el artículo 63 de la ley de financiamiento de partidos pueden sufrir inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegidos y para ejercer cargos públicos y partidarios el “presidente y tesorero del partido, los responsables políticos y económico financieros de la campaña” que “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Esta es la investigación a cargo de Ziulu. 
En rigor, las rendiciones de la campaña 2017 están ahora sujetas a revisión del cuerpo de auditores que dependen de la Cámara Nacional Electoral. Una posibilidad es que a ellos sea entregado el informe de Di Lello, que es una pequeña muestra clara de un mecanismo a gran escala que se habría aplicado echando mano a los datos personales de cientos de ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que perciben planes sociales.
El material que juntó Di Lello confirma, a través de los informes del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses, que al menos 150 de los 205 casos que integran la muestra inicial perciben planes sociales y es impensable que hicieran aportes por unos 2500 pesos, lo que implica más de la mitad de lo que se les paga. Una suerte de reporte socioambiental de Gendarmería confirmó que es gente que vive en condiciones de pobreza. Otro da cuenta de que 99 de una muestra de 100 están afiliados al PRO y, según pudo constatar este diario a través de testimonios directos, nunca hicieron el trámite de afiliación. De este último punto es posible que se desprenda otro delito, que sea investigado por otro juzgado. Las eventuales sanciones electorales deberá resolverlas el juez. Son procesos judiciales que suelen prolongarse y son pocos los casos donde hay algún castigo, como le pasó al también macrista Miguel del Sel. En la Cámara Electoral registran una decena de casos que terminaron en sanciones de inhabilitación. A menudo, los dirigentes las discuten, con cuestionamientos a la validez constitucional de la ley que deja en manos de los fiscales la investigación de estas irregularidades y así hay una lista de 63 expedientes que hacen fila en la Corte Suprema.
El juez Kreplak ahora tramita dos causas: en una investiga posibles delitos derivados de aportes truchos a la campaña legislativa 2017 en la provincia de Buenos Aires, en base a una denuncia de la senadora María Teresa García (Unidad Ciudana-Frente para la Victoria); en otra, que inauguró ayer con una denuncia de la diputada Florencia Saintout (UC-FpV-PJ), apunta a la campaña 2015. Serían mecanismos, por lo pronto, distintos. En el primer caso se habrían usado bases de datos vinculadas a asignaciones o planes sociales, para utilizar los nombres de los beneficiarios; en el otro hay ex candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares en un enorme abanico de lugares (serían 81 localidades bonaerenses) que aparecen aportando dinero en sumas elevadas, entre 10 mil y 50 mil pesos, que aseguran que no pusieron ni un centavo. Ante Kreplak, un grupo de trece posibles damnificados por este uso de su identidad pidió ser querellante. El juez, por lo pronto, pidió datos al juzgado electoral sobre los aportantes de 2017, también sobre los afiliados y las autoridades del PRO bonaerense, a la Anses le pidió el padrón de beneficiarios de planes sociales, de cinco años atrás hasta la actualidad y también requirió citar a que dé su testimonio el periodista Juan Amorín. 
Los denunciados son, además de la gobernadora Vidal, el jefe de gabinete, Federico Salvai, los intendentes Jorge Macri y Néstor Grindetti, el diputado César Torres, los responsables financieros Carla Silvia Chabán y Afredo Irigoin y la ex secretaria legal y técnica y ex contadora general (por unas horas) María Fernanda Inza.

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