Un proyecto muy rechazado
Las sociedades científicas defienden la vacunación obligatoria
Médicos y científicos, que se oponen al proyecto del PRO sobre el consentimiento informado para las vacunas, fundamentaron su apoyo a la vacunación como política de salud pública. Diputados oficialistas y autoridades bonaerenses también se desmarcaron.
“La vacunación no es sólo un acto individual”, dice Leandro Cahn, de la Fundación Huésped.
Desde que se difundió el proyecto de la diputada del PRO Paula Urroz sobre “Consentimiento informado en materia de vacunación”, diversas sociedades científicas vinculadas con la pediatría, la inmunología y la infectología, como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Inmunología y la Sociedad Argentina de Infectología, entre otras, expresaron su fuerte rechazo.
La especialista recordó que desde que comenzó la ampliación del Calendario Nacional de Vacunación, conformado actualmente por veinte vacunas, “el país logró erradicar la viruela, el sarampión desde 2000, el síndrome de rubeola congénita y la rubeola desde 2009, la difteria desde 2006 y el tétanos neonatal desde 2007”.
“Además –recordó– se eliminó el trasplante de hígado por causa de virus de Hepatits A, se redujo en un 50 por ciento la internación por neumonía desde 2012, y un 82 por ciento la letalidad por tos convulsa en neonatos.”
En referencia al proyecto, la especialista sostuvo que “carece de todo tipo de contenido científico. Antes que demostrar su eficacia, las vacunas tienen que demostrar su seguridad. Es irresponsable poner esto en duda”.
En el mismo sentido, el médico infectólogo Eduardo López, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sostuvo que “el proyecto transforma un deber del Estado en un acto voluntario, y de esta manera anula la idea de equidad social que contempla el calendario nacional de vacunación, y a la larga, va a generar inequidad”.
Y concluyó: “Las contraindicaciones que tienen las vacunas están contempladas en la propia indicación. Ningún obstetra indica vacunas virus-atenuado durante el embarazo (por ejemplo contra el sarampión, la rubeola o las paperas), pero esto está absolutamente delimitado. El proyecto equipara una vacuna aprobada a un fármaco en investigación”.
En tanto, el gobierno bonaerense destacó los beneficios de la vacunación “para la prevención de enfermedades” y aseguró que la inmunización “es un componente esencial del derecho humano a la salud, además de una responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal”. Planteó que “existe evidencia científica contundente que demuestra los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones sanitarias más costo-eficaces y con más éxito”.
“Está claro que la salud pública es un bien de primera necesidad y que la inmunización mediante las vacunas ha contribuido decisivamente a su logro, previniendo e incluso erradicando enfermedades de la especia humana, por lo que afirmamos que la vacunación forma parte de un derecho de las personas a la protección de la salud”, según un comunicado del Ministerio de Salud bonaerense.
La cartera sanitaria remarcó que la vacunación “es una intervención sanitaria preventiva mediante la cual podemos proteger a las personas de enfermedades muy graves, muchas de las cuales los padres hoy en día no conocen ni han podido ver sus efectos y secuelas debido a que la población ya está vacunada”.
En el mismo sentido, el legislador oficialista Sergio Wisky aseguró que el proyecto de Urroz no tiene el respaldo de la mayoría de sus compañeros de bloque ni de la Comisión de Salud de la Cámara baja.
“El proyecto de pedir un consentimiento informado para aplicar vacunas, incluso las del calendario oficial, es una propuesta personal de la diputada Claudia Urroz, pero no fue debatido ni en nuestro bloque ni en la Comisión de Salud, y en principio la mayoría tenemos una posición contraria”, explicó Wisky, miembro además de la Comisión de Salud en la Cámara baja. Y continuó: “El consentimiento informado es algo que se solicita cuando se trata de una práctica de alto riesgo, que no es el caso de la aplicación de vacunas. En este contexto, pedir esto implicaría una traba en la accesibilidad de un bien social, porque el beneficio es para toda la comunidad a través del efecto rebaño, esto es, cuanto mayor es la cantidad de personas vacunadas, menor es la carga viral que circula”.
Consultado por este diario, Leandro Cahn, director de Comunicaciones y Desarrollo Institucional de la Fundación Huésped, explicó: “Hay que entender la vacunación como una política de salud pública, que no incide solamente en el plano individual. Cuando uno se vacuna, se protege a sí mismo y al conjunto de la sociedad. Es falso verlo como que uno se pone en riesgo para defender al conjunto”. Y desarrolló: “Las vacunas son seguras. Se testea continuamente su seguridad y su eficacia. Esto implica que hay un protocolo para la vacunación, no es que se vacuna indiscriminadamente, que a todo el mundo se le dan todas las vacunas por igual. Eso está controlado. Por eso hay campañas específicas, se habla de los grupos de riesgo para determinadas enfermedades y la cobertura es distinta para esos grupos y la población general”.
“Es fundamental recordar a las personas la importancia de las vacunas que, junto al agua potable, son las dos herramientas sanitarias que más vidas salvaron en la historia de la humanidad”, indicó la médica Carla Vizzotti, integrante de Huésped y ex responsable del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación.
“Además –recordó– se eliminó el trasplante de hígado por causa de virus de Hepatits A, se redujo en un 50 por ciento la internación por neumonía desde 2012, y un 82 por ciento la letalidad por tos convulsa en neonatos.”
En referencia al proyecto, la especialista sostuvo que “carece de todo tipo de contenido científico. Antes que demostrar su eficacia, las vacunas tienen que demostrar su seguridad. Es irresponsable poner esto en duda”.
En el mismo sentido, el médico infectólogo Eduardo López, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sostuvo que “el proyecto transforma un deber del Estado en un acto voluntario, y de esta manera anula la idea de equidad social que contempla el calendario nacional de vacunación, y a la larga, va a generar inequidad”.
Y concluyó: “Las contraindicaciones que tienen las vacunas están contempladas en la propia indicación. Ningún obstetra indica vacunas virus-atenuado durante el embarazo (por ejemplo contra el sarampión, la rubeola o las paperas), pero esto está absolutamente delimitado. El proyecto equipara una vacuna aprobada a un fármaco en investigación”.
En tanto, el gobierno bonaerense destacó los beneficios de la vacunación “para la prevención de enfermedades” y aseguró que la inmunización “es un componente esencial del derecho humano a la salud, además de una responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal”. Planteó que “existe evidencia científica contundente que demuestra los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones sanitarias más costo-eficaces y con más éxito”.
“Está claro que la salud pública es un bien de primera necesidad y que la inmunización mediante las vacunas ha contribuido decisivamente a su logro, previniendo e incluso erradicando enfermedades de la especia humana, por lo que afirmamos que la vacunación forma parte de un derecho de las personas a la protección de la salud”, según un comunicado del Ministerio de Salud bonaerense.
La cartera sanitaria remarcó que la vacunación “es una intervención sanitaria preventiva mediante la cual podemos proteger a las personas de enfermedades muy graves, muchas de las cuales los padres hoy en día no conocen ni han podido ver sus efectos y secuelas debido a que la población ya está vacunada”.
En el mismo sentido, el legislador oficialista Sergio Wisky aseguró que el proyecto de Urroz no tiene el respaldo de la mayoría de sus compañeros de bloque ni de la Comisión de Salud de la Cámara baja.
“El proyecto de pedir un consentimiento informado para aplicar vacunas, incluso las del calendario oficial, es una propuesta personal de la diputada Claudia Urroz, pero no fue debatido ni en nuestro bloque ni en la Comisión de Salud, y en principio la mayoría tenemos una posición contraria”, explicó Wisky, miembro además de la Comisión de Salud en la Cámara baja. Y continuó: “El consentimiento informado es algo que se solicita cuando se trata de una práctica de alto riesgo, que no es el caso de la aplicación de vacunas. En este contexto, pedir esto implicaría una traba en la accesibilidad de un bien social, porque el beneficio es para toda la comunidad a través del efecto rebaño, esto es, cuanto mayor es la cantidad de personas vacunadas, menor es la carga viral que circula”.
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