El último revés judicial para el Intendente Celauro

Por Carlos Morante

Cuando el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia falló en forma unánime y definitiva las causas judiciales motivadas por conflictos de poderes, originadas por el Código Tributario y Tarifario y el Presupuesto, al Intendente se le ocurrió y pretendió elevar la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Hoy el STJ terminó con estas pretensiones, rechazando el recurso interpuesto por el DEM. Los motivos esgrimidos por el procurador General fueron:
No haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada nº 38/11 al no utilizar el tamaño de la hoja A4.(el asesor legal desconoce esta nimiedad – con lo que cobra podría comprar resmas de los dos tamaños).
No hizo oportuna reserva de la cuestión federal.
No proporcionar razonamientos suficientes para rebatir los fundamentos que motivaron el fallo atacado (10335/13) ni funda adecuadamente el recurso extraordinario federal.
La cantidad de renglones necesarios.
Al desestimar sin más trámite el recurso extraordinario federal promovido contra la sentencia nº 10335/13, al Intendente le quedaban las horas contadas. Esta era la desesperación expresada en los medios de comunicación a través de sus ediles y de algunos referentes conversos. Esta era la desesperación por la cual accedió a unas pequeñas modificaciones planteadas por el radicalismo a raíz de gestiones de los líderes del comité, encabezadas por el Diputado Provincial Abraham Skierkier.
Ergo, el Intendente estaba en franca ilegalidad por haber pretendido administrar el Municipio a su absoluta voluntad, desconociendo la Constitución, las leyes y las ordenanzas y en esto radica la posición de los ediles pertenecientes al Bloque del Frente para la Victoria, el respeto irrestricto a esa condición.

Que la justicia haya fallado a favor del Concejo Deliberante de Clorinda representa, nada más ni nada menos, la aplicación de las leyes preexistentes, por lo que la ciudadanía debería valorar, que los ediles que promovieron estas acciones judiciales, solo pretendían salvaguardar los intereses del pueblo y que el fallo ratifica.

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