EL FRENTE DE TODOS IMPULSA UNA LEY DE REFUERZO DE INGRESOS PARA REDUCIR LA INDIGENCIA

 

El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, acompañó, hoy, con su firma un proyecto de ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia en los sectores más postergados de la sociedad, cuya autora es la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, la bonaerense Juliana di Tullio.

Con esta iniciativa se busca garantizar “el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”, cuidar la salud de la población más postergada  y reducir, así, los niveles de indigencia, que se vieron agudizados tras cuatro años de macrismo.

La propuesta implica el pago de una asignación mensual para aquellas personas que están actualmente bajo la línea de indigencia y cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria de un adulto, que -de acuerdo con el INDEC- ronda los 15.057 pesos, según se calculó para el mes de junio de 2022.

De acuerdo con el proyecto, el monto establecido podrá actualizarse de forma trimestral y se prevé que esta política pública alcance a un millón setecientos mil adultos. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación por parte del Estado,  jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien de su propiedad.

    La normativa será dirigida a mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. De esa manera, se busca cubrir a la franja etaria que, en la actualidad, no está alcanzada por otros programas sociales vigentes, como la AUH y el Progresar. Quedarán excluidas las personas que ya han cumplido la edad jubilatoria, ya que se presume tienen cubierta la canasta básica alimentaria.

El beneficio será de carácter temporal, se otorgará por un año, con la posibilidad de renovación, previa verificación de estado de situación de las personas beneficiadas por parte de la ANSES.

La propuesta, además, crea un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) y prevé el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder  al beneficio. También, promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica con el referido sentido.

Según las estimaciones realizadas, esta política social significa una inversión fiscal del 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y del 0,44 durante el año siguiente. Cada beneficiario deberá, además, realizar controles de salud cada año como forma de contraprestación.

De acuerdo con la autora, el proyecto recibió aportes de diversos dirigentes sociales, diputados, senadores y senadoras. Además, tiene acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.