La desocupación mete miedo

Cinco de cada diez trabajadores temen perder el empleo

El centro de estudios laborales Cetyd detectó un incremento generalizado de la preocupación por la pérdida del puesto de trabajo. El indicador que mide si el encuestado tiene algún allegado despedido recientemente creció a su máximo en el año.

La tasa de desocupación para el primer trimestre del año llegó al 9,1 por ciento. 

La corrida cambiaria, el regreso del FMI y el ajuste fiscal configuran un sombrío escenario laboral. Un relevamiento realizado por el programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Unsam revela el incremento en la sensación de inestabilidad laboral: 5 cada 10 trabajadores tienen miedo a perder su empleo y 7 de cada 10 encuestados consideran que tienen menos posibilidades de encontrar un puesto que un año atrás. El indicador conocido como el “fantasma del desempleo”, aquellos encuestados que declaran conocer un despido reciente en su entorno cercano, creció casi 4 puntos al pasar de 48,8 por ciento registrado en marzo al 52,3 por ciento en junio.
La tasa de desocupación para el primer trimestre del año, el último dato oficial disponible, alcanza al 9,1 por ciento. La cifra representa una leve reducción de 0,1 puntos frente al mismo período de 2017 cuando el desempleo ascendía hasta el 9,2 por ciento. Aunque las estadísticas mostraron una pequeña caída en el nivel de desempleo, en valores absolutos se registró la existencia de 34 mil desocupados más que un año atrás, ya que la cantidad de personas sin empleo pasó de 1.149.000 a 1.183.000. Cuando se proyecta el alcance de las mediciones oficiales a todo el país, el desempleo alcanza a 1,9 millones de individuos.

Esas tímidas modificaciones en el mercado de trabajo se registraron mientras la economía todavía crecía. El tembladeral financiero observado a partir de mayo que llevó al gobierno a recurrir al financiamiento condicionado del Fondo y anunciar un programa de ajuste preanuncian una profundización del deterioro en la estructura laboral observado desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri. El Monitor Sociolaboral de Opinión Pública del Cetyd ofrece algunos indicios sobre el impacto de la crisis sobre las expectativas de los asalariados.

De acuerdo al relevamiento, el 54 por ciento de los trabajadores encuestados se manifiestó “preocupado” o “muy preocupado” por perder su empleo actual. La cifra representa un incremento de 5 puntos porcentuales frente a la medición realizada en marzo. “Al examinar la tendencia se advierte un proceso de agudización del temor que se inicia en septiembre de 2017. Desde entonces, la estabilidad laboral empezó a fragilizarse”, sostienen los investigadores del centro dirigido por el legislador porteño y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. A lo largo de los últimos diez meses, el temor a quedarse sin trabajo escaló 15 puntos porcentuales del 39 al 54 por ciento. Las preocupaciones se profundizan entre los trabajadores con menos calificaciones educativas; entre ellos el miedo a perder el trabajo asciende hasta el 63 por ciento.
Los datos del Indec muestran que la informalidad alcanzó su nivel más elevado para un primer trimestre desde 2011. Las cifras oficiales marcaron un 33,9 por ciento, un incremento de 0,5 punto porcentuales frente al mismo período del año anterior.
“Todo esto ocurre en un marco donde la neutralidad del gobierno nacional en la administración de la conflictividad es puesta en duda. La mayoría de la población entiende que el gobierno cuida los intereses de los empresarios y, en simultáneo, sólo una pequeña minoría considera que defiende los intereses de los trabajadores. Por otra parte, se observa una mejora en la percepción del rol sindical”, sostiene el documento del Cetyd de la Unsam.
Uno de los indicadores donde, según el informe, se advierte el cambio de tendencia en la opinión pública es la valoración de la sociedad sobre la protesta social que registró un aumento de su “legitimidad”. El último relevamiento rompió el “empate ideológico” observado desde comienzos del año pasado cuando se repartía en proporciones similares quienes asignaban legitimidad a las protestas y quienes las objetaban y las consideraban como “cuestiones políticas no relacionadas con necesidades reales”. A partir de junio, el 54,8 por ciento de los encuestados pasó a considerarlas como reclamos legítimos.