Charlas privadas, escuchas públicas
Las conversaciones telefónicas fueron determinantes en la investigación a Varisco
Los vínculos entre el intendente de Cambiemos en Paraná, Sergio Varisco, y el sospechado como jefe narco Daniel Celis son claves de la investigación. También apuntan al concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira.
El intendente de Cambiemos en Paraná, Sergio Varisco, se mantiene aferrado al sillón pese al escándalo que se desató por sus vínculos.
En la causa por narcotráfico en la que está procesado el intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, las escuchas telefónicas jugaron un rol fundamental –en la investigación a cargo del juez federal Leandro Ríos– para establecer el vínculo entre el jefe comunal y Daniel “Tavi” Celis, sindicado como cabecilla de la organización delictiva. Esas escuchas (ver aparte), determinaron la comunicación directa con Celis que tenían el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad, la sargento Griselda Bordeira. A través de los diálogos incorporados a la causa, el juez pudo establecer la relación entre Varisco y Celis como resultado de un “acuerdo político” previo a las elecciones de 2015, que terminó convirtiendo a una dependencia municipal en un bunker de la droga. Lo curioso es que algunos protagonistas centrales en la causa, como Celis y Bordeira, no escarmientan y desde la cárcel siguen utilizando teléfonos celulares que fueron secuestrados la semana pasada para verificar si hubo llamadas a testigos con el fin de “convencerlos” para que cambien su declaración.
El martes pasado, la Policía Federal secuestró los teléfonos celulares de los que disponían, en las cárceles en las que están detenidos, “Tavi” Celis y Bordeira. Las sospechas indican que esos medios de comunicación de los que por reglamento no cuentan los presos comunes, eran utilizados para “coaccionar a testigos” y tratar de distorsionar algunos aspectos centrales de la causa. Ahora se investiga cómo fue que ingresaron esos celulares, porque resulta obvio que tuvo que haber alguna complicidad de parte de los los guardias de la cárcel de la ciudad de Federal, donde está Celis, y de la Unidad Penal 6 de Mujeres, donde está Bordeira. En el caso de Celis, esta no es la primera vez con la que cuenta con un celular como si su celda fuera una oficina desde la cual maneja el negocio de la droga en Paraná y Concordia, según surge del expediente a cargo del juez Ríos.
La presencia de los celulares pudo ser detectada gracias a un seguimiento que se estaba realizando porque se sabía que, sobre todo Celis, estaba haciendo llamados a varios testigos, algunos de ellos allegados a la banda narco, que tienen que ampliar sus declaraciones en estos días. En el caso de Bordeira se determinó que estaba haciendo algo similar a lo de Celis, a la vez que habría abierto una cuenta en Facebook con nombre falso para clamar su inocencia en las redes sociales, tal como lo hizo en una nota periodística en la que salió al cruce de las acusaciones que hizo en su contra Luciana Ernestina Lemos, la mujer de Celis.
Lemos, en dos audiencias donde amplió su indagatoria dado que está procesada y con prisión domiciliaria en la misma causa, confirmó que tanto Bordeira como Hernández, al igual que el concejal del PRO Emanuel Gainza, figuran en uno de los dos cuadernos que fueron secuestrados en su casa, por orden del juez Ríos. Los nombres de los tres, junto con el del intendente Varisco, serían según Lemos los que aparecen como compradores de cocaína al valor de 150 mil pesos el kilogramo. El juez utilizó ese dato en el auto de procesamiento de todos los nombrados, menos Gainza que está citado para el martes para prestar declaración como imputado. Hasta hoy, el magistrado le da crédito a lo dicho por Lemos, a pesar de la desmentida de Bordeira. En el caso de la subsecretaria de Seguridad, Lemos dijo que le llevaban la droga a su despacho en el palacio municipal.
En lo que hace al secuestro de celulares en las cárceles, en el caso de Bordeira la Justicia tendría elementos que indicarían que ella se comunicó con varios testigos que serán llamados próximamente, para darles “instrucciones” sobre lo que deben decir, según se supo en fuentes cercanas a la investigación. Uno de los testigos será el ex secretario de Seguridad y actual titular de la cartera de Servicios Públicos del municipio de Paraná, el comisario Ricardo Frank, ex jefe de investigaciones de la Policía de Entre Ríos.
En razón de su trayectoria como policía, Frank es un experto al que no se le podrían haber escapado los movimientos que ocurríeron, desde la asunción de Varisco como intendente, en la Unidad Municipal 2, copada por gente vinculada a “Tavi” Celis. Se dice en el expediente que fueron 33 sobre un total de 40 personas sugeridas por el jefe narco, las que ingresaron como empleados municipales por decretos firmados por Varisco. Por el momento no hay acusación alguna contra Frank, quien asumió en la entonces flamante Secretaría de Seguridad, en enero de 2016, hasta que dejó el cargo en forma sorpresiva en noviembre de 2017, para asumir como secretario de Servicios Públicos.
En el auto de procesamiento de Varisco, Celis, Hernández, Bordeira, Alan Viola, Luciana Lemos, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz, Juan Manuel Gómez y Ernesto Ramón González, el juez Ríos sostiene que los nombrados “entre los primeros días del mes de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018, comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización”. A Varisco le atribuye el rol de “financiador/adquiriente”, y a Bordeira y Hernández el de “adquiriente/colaboradora”.
Frank seguía al frente de la Secretaría de Seguridad entre septiembre y noviembre de 2017, de manera que es casi un hecho que va a ser consultado por el juez sobre si advirtió irregularidades en esos meses. Incluso hay dudas sobre las razones de su alejamiento de Frank de Seguridad y su pase a Servicios Públicos. Por lo demás, el funcionamiento irregular de la Unidad Municipal 2 comenzó a principios de 2016, tras la asunción de Varisco. El 14 de enero de ese año, días antes de asumir como titular de la Secretaría de Seguridad, Frank dijo que una de las funciones iniciales del área a su cargo era la de “contralor de las dependencias municipales”, entre las que se encontraba la Unidad Municipal 2.
Por el momento, el juez Ríos suspendió las declaraciones testimoniales previstas, a la espera de lo que resulte de la indagatoria al concejal del PRO Emanuel Gainza, cuyo teléfono celular también fue secuestrado durante los allanamientos realizados la semana pasada en su vivienda, en su despacho en el municipio y en un bunker del partido. Sobre la declaración del comisario Frank podría agregarse que él mismo anticipó que después de declarar, presentará la renuncia como secretario de Servicios Públicos. No queda claro si la decisión es por las críticas recibidas por su actual gestión o si responde a la necesidad de alejarse de una intendencia salpicada por la acusación de narcotráfico. Frank, al ser consultado sobre el tema, negó tener algún tipo de relación con Daniel “Tavi” Celis.
El martes pasado, la Policía Federal secuestró los teléfonos celulares de los que disponían, en las cárceles en las que están detenidos, “Tavi” Celis y Bordeira. Las sospechas indican que esos medios de comunicación de los que por reglamento no cuentan los presos comunes, eran utilizados para “coaccionar a testigos” y tratar de distorsionar algunos aspectos centrales de la causa. Ahora se investiga cómo fue que ingresaron esos celulares, porque resulta obvio que tuvo que haber alguna complicidad de parte de los los guardias de la cárcel de la ciudad de Federal, donde está Celis, y de la Unidad Penal 6 de Mujeres, donde está Bordeira. En el caso de Celis, esta no es la primera vez con la que cuenta con un celular como si su celda fuera una oficina desde la cual maneja el negocio de la droga en Paraná y Concordia, según surge del expediente a cargo del juez Ríos.
La presencia de los celulares pudo ser detectada gracias a un seguimiento que se estaba realizando porque se sabía que, sobre todo Celis, estaba haciendo llamados a varios testigos, algunos de ellos allegados a la banda narco, que tienen que ampliar sus declaraciones en estos días. En el caso de Bordeira se determinó que estaba haciendo algo similar a lo de Celis, a la vez que habría abierto una cuenta en Facebook con nombre falso para clamar su inocencia en las redes sociales, tal como lo hizo en una nota periodística en la que salió al cruce de las acusaciones que hizo en su contra Luciana Ernestina Lemos, la mujer de Celis.
Lemos, en dos audiencias donde amplió su indagatoria dado que está procesada y con prisión domiciliaria en la misma causa, confirmó que tanto Bordeira como Hernández, al igual que el concejal del PRO Emanuel Gainza, figuran en uno de los dos cuadernos que fueron secuestrados en su casa, por orden del juez Ríos. Los nombres de los tres, junto con el del intendente Varisco, serían según Lemos los que aparecen como compradores de cocaína al valor de 150 mil pesos el kilogramo. El juez utilizó ese dato en el auto de procesamiento de todos los nombrados, menos Gainza que está citado para el martes para prestar declaración como imputado. Hasta hoy, el magistrado le da crédito a lo dicho por Lemos, a pesar de la desmentida de Bordeira. En el caso de la subsecretaria de Seguridad, Lemos dijo que le llevaban la droga a su despacho en el palacio municipal.
En lo que hace al secuestro de celulares en las cárceles, en el caso de Bordeira la Justicia tendría elementos que indicarían que ella se comunicó con varios testigos que serán llamados próximamente, para darles “instrucciones” sobre lo que deben decir, según se supo en fuentes cercanas a la investigación. Uno de los testigos será el ex secretario de Seguridad y actual titular de la cartera de Servicios Públicos del municipio de Paraná, el comisario Ricardo Frank, ex jefe de investigaciones de la Policía de Entre Ríos.
En razón de su trayectoria como policía, Frank es un experto al que no se le podrían haber escapado los movimientos que ocurríeron, desde la asunción de Varisco como intendente, en la Unidad Municipal 2, copada por gente vinculada a “Tavi” Celis. Se dice en el expediente que fueron 33 sobre un total de 40 personas sugeridas por el jefe narco, las que ingresaron como empleados municipales por decretos firmados por Varisco. Por el momento no hay acusación alguna contra Frank, quien asumió en la entonces flamante Secretaría de Seguridad, en enero de 2016, hasta que dejó el cargo en forma sorpresiva en noviembre de 2017, para asumir como secretario de Servicios Públicos.
En el auto de procesamiento de Varisco, Celis, Hernández, Bordeira, Alan Viola, Luciana Lemos, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz, Juan Manuel Gómez y Ernesto Ramón González, el juez Ríos sostiene que los nombrados “entre los primeros días del mes de septiembre de 2017 y el 2 de mayo de 2018, comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización”. A Varisco le atribuye el rol de “financiador/adquiriente”, y a Bordeira y Hernández el de “adquiriente/colaboradora”.
Frank seguía al frente de la Secretaría de Seguridad entre septiembre y noviembre de 2017, de manera que es casi un hecho que va a ser consultado por el juez sobre si advirtió irregularidades en esos meses. Incluso hay dudas sobre las razones de su alejamiento de Frank de Seguridad y su pase a Servicios Públicos. Por lo demás, el funcionamiento irregular de la Unidad Municipal 2 comenzó a principios de 2016, tras la asunción de Varisco. El 14 de enero de ese año, días antes de asumir como titular de la Secretaría de Seguridad, Frank dijo que una de las funciones iniciales del área a su cargo era la de “contralor de las dependencias municipales”, entre las que se encontraba la Unidad Municipal 2.
Por el momento, el juez Ríos suspendió las declaraciones testimoniales previstas, a la espera de lo que resulte de la indagatoria al concejal del PRO Emanuel Gainza, cuyo teléfono celular también fue secuestrado durante los allanamientos realizados la semana pasada en su vivienda, en su despacho en el municipio y en un bunker del partido. Sobre la declaración del comisario Frank podría agregarse que él mismo anticipó que después de declarar, presentará la renuncia como secretario de Servicios Públicos. No queda claro si la decisión es por las críticas recibidas por su actual gestión o si responde a la necesidad de alejarse de una intendencia salpicada por la acusación de narcotráfico. Frank, al ser consultado sobre el tema, negó tener algún tipo de relación con Daniel “Tavi” Celis.
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