Otra denuncia contra Otranto
Tres legisladores le apuntaron al primer juez del caso Maldonado
Los diputados Pietragalla y Donda y la legisladora Bregman hicieron una nueva presentación contra el juez. En esta ocasión, fue por el espionaje realizado contra la familia de Santiago Maldonado y a testigos de la causa.
El juez Guido Otranto espera su ascenso al tribunal oral de General Roca pero le llueven denuncias.
Imagen: Gustavo Zaninelli
Imagen: Gustavo Zaninelli
Mientras Guido Otranto, el primer juez del caso Maldonado, espera su ascenso al tribunal oral de General Roca, siguen llegándole impugnaciones al Senado y denuncias al Consejo de la Magistratura. Ayer, los legisladores Horacio Pietragalla (FpV-PJ) y Myriam Bregman (FIT) denunciaron a Otranto por realizar espionaje ilegal sobre la familia de Santiago Maldonado y otros testigos de la causa que investiga la desaparición y muerte del joven mochilero anarquista. El viernes pasado los legisladores, junto a la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) ya habían denunciado al magistrado por su mal desempeño en la investigación de los hechos que derivaron en la desaparición de Maldonado. Esta vez la denuncia apunta al espionaje ilegal realizado por parte del magistrado a la familia del joven, a los testigos en la causa, a miembros de la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen y de la red de apoyo a los pueblos originarios.
“El accionar y desempeño de Otranto ya había sido cuestionado con anterioridad, dando lugar a planteos de recusación por parte de dos de los querellantes, Sergio Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante la Cámara Federal de Apelaciones, que fueron resueltos favorablemente por ese tribunal”, explicaron Pietragalla y Bregman en su escrito. “No obstante, el mismo 22 de septiembre de 2017, fecha en que fue apartado de la causa, este juez ordenó la intervención telefónica de Sergio Maldonado, hermano de la víctima y previamente, el 5 de septiembre de 2017, intervino los teléfonos de los testigos Ariel Mariotto Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz”, agregaron.
En tal sentido, los legisladores destacaron que “la génesis de la presente denuncia reside en el mal desempeño de Otranto en lo que respecta a la arbitraria e infundada orden de intervención de las líneas telefónicas pertenecientes a los testigos y el propio hermano de la víctima, en el marco de la causa caratulada Maldonado, Santiago Andrés s/habeas corpus”. Según ellos, el magistrado ejerció su labor mediante un mal desempeño en sus funciones, lo cual derivó en “una afectación indiscutible de los derechos a la intimidad de los ciudadanos destinatarios de ella, expresión indiscutible de la libertad de un individuo, mediante la absurda y tendenciosa intervención telefónica de líneas correspondientes a testigos y familiares de la víctima, que no revestían el carácter de imputados ni se encuentran sospechados de haber cometido un ilícito”. A criterio del diputado nacional Horacio Pietragalla y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT Myriam Bregman, estos hechos son prueba manifiesta de su parcialidad y el mal desempeño.
En la denuncia presentada la semana pasada, habían descripto que en el expediente principal por Maldonado “sorprendentemente Otranto permitió y autorizó al secretario de Relaciones con los Poderes del Ministerio de Seguridad, y enviado especial de la ministra Patricia Bullrich Gonzalo Cané, a presenciar las diferentes declaraciones testimoniales tomadas en el marco del habeas corpus, pese a la oposición de las partes”, lo cual “configura sin lugar a dudas un acto de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. Además, dedujeron que “por ello, no resulta casual que durante dicho período, la familia de Santiago Maldonado, fuera objeto de acciones de inteligencia ilegal ejercida por parte de personal de las fuerzas de seguridad de la Nación. Estos hechos no pueden desligarse”. Y en tal sentido recordaron que Cané está imputado en la causa por espionaje que instruye el juez federal Daniel Rafecas
“El accionar y desempeño de Otranto ya había sido cuestionado con anterioridad, dando lugar a planteos de recusación por parte de dos de los querellantes, Sergio Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante la Cámara Federal de Apelaciones, que fueron resueltos favorablemente por ese tribunal”, explicaron Pietragalla y Bregman en su escrito. “No obstante, el mismo 22 de septiembre de 2017, fecha en que fue apartado de la causa, este juez ordenó la intervención telefónica de Sergio Maldonado, hermano de la víctima y previamente, el 5 de septiembre de 2017, intervino los teléfonos de los testigos Ariel Mariotto Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz”, agregaron.
En tal sentido, los legisladores destacaron que “la génesis de la presente denuncia reside en el mal desempeño de Otranto en lo que respecta a la arbitraria e infundada orden de intervención de las líneas telefónicas pertenecientes a los testigos y el propio hermano de la víctima, en el marco de la causa caratulada Maldonado, Santiago Andrés s/habeas corpus”. Según ellos, el magistrado ejerció su labor mediante un mal desempeño en sus funciones, lo cual derivó en “una afectación indiscutible de los derechos a la intimidad de los ciudadanos destinatarios de ella, expresión indiscutible de la libertad de un individuo, mediante la absurda y tendenciosa intervención telefónica de líneas correspondientes a testigos y familiares de la víctima, que no revestían el carácter de imputados ni se encuentran sospechados de haber cometido un ilícito”. A criterio del diputado nacional Horacio Pietragalla y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT Myriam Bregman, estos hechos son prueba manifiesta de su parcialidad y el mal desempeño.
En la denuncia presentada la semana pasada, habían descripto que en el expediente principal por Maldonado “sorprendentemente Otranto permitió y autorizó al secretario de Relaciones con los Poderes del Ministerio de Seguridad, y enviado especial de la ministra Patricia Bullrich Gonzalo Cané, a presenciar las diferentes declaraciones testimoniales tomadas en el marco del habeas corpus, pese a la oposición de las partes”, lo cual “configura sin lugar a dudas un acto de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. Además, dedujeron que “por ello, no resulta casual que durante dicho período, la familia de Santiago Maldonado, fuera objeto de acciones de inteligencia ilegal ejercida por parte de personal de las fuerzas de seguridad de la Nación. Estos hechos no pueden desligarse”. Y en tal sentido recordaron que Cané está imputado en la causa por espionaje que instruye el juez federal Daniel Rafecas
Comentarios
Publicar un comentario