Camino a otro tribunal a dedo
Casación apartó a la jueza Namer en la causa del Memorándum con Irán
A contramano de su jurisprudencia, la Cámara aceptó un recurso de queja de familiares y la DAIA y apartó momentáneamente a Namer del TOF8 que debe juzgar a Cristina Kirchner hasta tanto tome una decisión de fondo.
La jueza Sabrina Namer integra el TOF8 que quedó en la mira del oficialismo desde que liberó a Carlos Zannini.
La Cámara de Casación Federal, en una composición casi idéntica a la que ordenó reabrir la denuncia de Alberto Nisman por el Memorándum con Irán (después de dos años en los que jueces de distintas instancias dijeron que no había delito), ahora decidió apartar momentáneamente a Sabrina Namer, una de las juezas que integran el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8), que debe hacer el juicio por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Se trata del tribunal que quedó a cargo del caso, que tendrá como acusada central a Cristina Kirchner, y que resultó sorteado después que la Corte Suprema invalidara a otro tribunal que había sido conformado con jueces designados a dedo en una maniobra impulsada por el Gobierno. Casación no tomó una decisión definitiva sobre la participación de Namer, pero ayer –a contramano su propia jurisprudencia– abrió el recurso de queja presentado por familiares de víctimas del atentado, luego replicado por la DAIA, donde piden apartarla con el argumento de que integró como fiscal la unidad AMIA después de la muerte de Nisman y por ende va a ser parcial. En la misma resolución le dicen que se abstenga de tomar decisiones hasta que haya una definición de fondo.
Namer y su colega María Gabriela López Iñíguez son las que juezas resolvieron devolverle la libertad a Carlos Zannini, Luis D’ Elía y Jorge Kahlil hace poco más de un mes, cuando recibieron la causa del Memorándum por sorteo. Fue una resolución crítica con el abuso de las preventivas inspiradas en la teoría de los “vínculos residuales” impulsada por el camarista federal Martín Irurzun. El juez que las acompaña en la integración del TOF8, Nicolás Toselli, se inhibió de intervenir por ser yerno del ex embajador en Siria, Roberto Ahuad, quien declaró durante la instrucción de la causa sobre supuestas reuniones del ex canciller Héctor Timerman, otro de los acusados. En su reemplazo fue nombrado José Antonio Michilini, que entre sus últimos fallos votó por condenar a Amado Boudou por irregularidades con los papeles de un auto que compró en los noventa.
El Gobierno ha establecido la política de que si un juez o jueza no les gusta “vamos a buscar a otros que nos representen”, según dijo el propio Mauricio Macri. Esto implica la puesta en marcha de mecanismos diversos, para desplazar y nombrar jueces y juezas, criterio que replican y adoptan como propio personas o instituciones funcionales. El antecedente más inmediato había sido el armado del TOF9 a piacere del Gobierno, con jueces sin concurso ni acuerdo del Senado, y que casualmente recibió dos grandes causas contra CFK. Como la Corte lo invalidó la estrategia parece apuntar a vaciar el TOF8 o aislar a López Iñíguez.
A Namer la empezaron a cuestionar a través de medios afines al Gobierno cuando resolvió firmar la libertad para Zannini y D’Elía. Por eso escribió que si bien había integrado la UFI AMIA, y que alguna la información que podría formar parte del juicio por el Memorándum pudo haberse originado en esa unidad, ella podía actuar de manera imparcial. Con ese mismo escrito la recusaron los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch y detrás la DAIA, pero no aportaron ni un papel donde hubiera opinado sobre el Memorándum ni sobre qué pasó con el fiscal fallecido. Los colegas de Namer rechazaron la recusación y cuando las querellas intentaron apelarla volvieron a rechazar porque el Código Procesal dice que las recusaciones no son “recurribles” en Casación.
A pesar de que la mayoría de los precedentes van a contramano, la sala IV de la Cámara de Casación, con las firmas de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, resolvió ayer abrir el recurso de queja por “la trascendencia de la cuestión” e indicarle a Namer que se abstenga de tomar decisiones en la causa del Memorándum hasta que ellos resuelvan su futuro. En tribunales las voces más pesimistas dicen que es un anticipo del resultado final, y recuerdan que Borinsky y Hornos ordenaron la reapertura de la denuncia de Nisman cuando encontraron un clima propicio con Cambiemos en el Gobierno. Pero también avalaron, con anterioridad, que el juez de la causa fuera Claudio Bonadio, a pesar de que tenía a cargo una causa “melliza” –generada por la DAIA y los mismos familiares que quieren desplazar a Namer–, cuando el juez que tenía la causa original, Daniel Rafecas, sostuvo que no había delito sino una discusión sobre actos de gobierno y una decisión del Congreso. Es más, para avalar a Bonadio, rechazaron recusaciones de los abogados de Timerman, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.
Rúa hizo un racconto para mostrar que desde el comienzo de esta historia con la denuncia de Nisman “se hicieron maniobras para poner jueces de conveniencia ya que los que intervenían desestimaban la denuncia”. La desestimaron Rafecas y luego la Cámara Federal. “Reemplazaron a Rafecas por Ariel Lijo –recordó– y luego a éste por Bonadio. Permitieron que asumiera el caso pese a que lo recusamos ya que fue juez y parte del encubrimiento del atentado (demoró la causa de encubrimiento cinco años en favor del ex juez acusado, Juan José Galeano, con quien tenía vínculo, y de Carlos Corach, con quien trabajó). Los mismos Hornos y Borinsky se habían apartado en causas vinculadas con AMIA, incluso sobre la validez constitucional del Memorándum. Borinsky por ser amigo de uno de los fiscales acusados, Eamon Mullen, y Hornos porque había intervenido en los inicios de la investigación del atentado. Rechazaron nuestras recusaciones y ahora señalan una excepcionalidad que no hicieron valer cuando los defensores planteábamos reparos y se la conceden a una de las querellas para concretar una maniobra que se había iniciado con la creación del TOF9. Como este quedó vedado, van por el desplazamiento de la segunda jueza y buscarán el juez que crean que les convenga”. “Es escandaloso”, coincidió Aníbal Ibarra, defensor de Oscar Parrilli, otro de los acusados. “Casación -coincidió– no abre quejas frente a recusaciones, es excepcional que lo hagan. Lo hacen en busca de un tribunal obediente”.
Namer y su colega María Gabriela López Iñíguez son las que juezas resolvieron devolverle la libertad a Carlos Zannini, Luis D’ Elía y Jorge Kahlil hace poco más de un mes, cuando recibieron la causa del Memorándum por sorteo. Fue una resolución crítica con el abuso de las preventivas inspiradas en la teoría de los “vínculos residuales” impulsada por el camarista federal Martín Irurzun. El juez que las acompaña en la integración del TOF8, Nicolás Toselli, se inhibió de intervenir por ser yerno del ex embajador en Siria, Roberto Ahuad, quien declaró durante la instrucción de la causa sobre supuestas reuniones del ex canciller Héctor Timerman, otro de los acusados. En su reemplazo fue nombrado José Antonio Michilini, que entre sus últimos fallos votó por condenar a Amado Boudou por irregularidades con los papeles de un auto que compró en los noventa.
El Gobierno ha establecido la política de que si un juez o jueza no les gusta “vamos a buscar a otros que nos representen”, según dijo el propio Mauricio Macri. Esto implica la puesta en marcha de mecanismos diversos, para desplazar y nombrar jueces y juezas, criterio que replican y adoptan como propio personas o instituciones funcionales. El antecedente más inmediato había sido el armado del TOF9 a piacere del Gobierno, con jueces sin concurso ni acuerdo del Senado, y que casualmente recibió dos grandes causas contra CFK. Como la Corte lo invalidó la estrategia parece apuntar a vaciar el TOF8 o aislar a López Iñíguez.
A Namer la empezaron a cuestionar a través de medios afines al Gobierno cuando resolvió firmar la libertad para Zannini y D’Elía. Por eso escribió que si bien había integrado la UFI AMIA, y que alguna la información que podría formar parte del juicio por el Memorándum pudo haberse originado en esa unidad, ella podía actuar de manera imparcial. Con ese mismo escrito la recusaron los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch y detrás la DAIA, pero no aportaron ni un papel donde hubiera opinado sobre el Memorándum ni sobre qué pasó con el fiscal fallecido. Los colegas de Namer rechazaron la recusación y cuando las querellas intentaron apelarla volvieron a rechazar porque el Código Procesal dice que las recusaciones no son “recurribles” en Casación.
A pesar de que la mayoría de los precedentes van a contramano, la sala IV de la Cámara de Casación, con las firmas de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, resolvió ayer abrir el recurso de queja por “la trascendencia de la cuestión” e indicarle a Namer que se abstenga de tomar decisiones en la causa del Memorándum hasta que ellos resuelvan su futuro. En tribunales las voces más pesimistas dicen que es un anticipo del resultado final, y recuerdan que Borinsky y Hornos ordenaron la reapertura de la denuncia de Nisman cuando encontraron un clima propicio con Cambiemos en el Gobierno. Pero también avalaron, con anterioridad, que el juez de la causa fuera Claudio Bonadio, a pesar de que tenía a cargo una causa “melliza” –generada por la DAIA y los mismos familiares que quieren desplazar a Namer–, cuando el juez que tenía la causa original, Daniel Rafecas, sostuvo que no había delito sino una discusión sobre actos de gobierno y una decisión del Congreso. Es más, para avalar a Bonadio, rechazaron recusaciones de los abogados de Timerman, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.
Rúa hizo un racconto para mostrar que desde el comienzo de esta historia con la denuncia de Nisman “se hicieron maniobras para poner jueces de conveniencia ya que los que intervenían desestimaban la denuncia”. La desestimaron Rafecas y luego la Cámara Federal. “Reemplazaron a Rafecas por Ariel Lijo –recordó– y luego a éste por Bonadio. Permitieron que asumiera el caso pese a que lo recusamos ya que fue juez y parte del encubrimiento del atentado (demoró la causa de encubrimiento cinco años en favor del ex juez acusado, Juan José Galeano, con quien tenía vínculo, y de Carlos Corach, con quien trabajó). Los mismos Hornos y Borinsky se habían apartado en causas vinculadas con AMIA, incluso sobre la validez constitucional del Memorándum. Borinsky por ser amigo de uno de los fiscales acusados, Eamon Mullen, y Hornos porque había intervenido en los inicios de la investigación del atentado. Rechazaron nuestras recusaciones y ahora señalan una excepcionalidad que no hicieron valer cuando los defensores planteábamos reparos y se la conceden a una de las querellas para concretar una maniobra que se había iniciado con la creación del TOF9. Como este quedó vedado, van por el desplazamiento de la segunda jueza y buscarán el juez que crean que les convenga”. “Es escandaloso”, coincidió Aníbal Ibarra, defensor de Oscar Parrilli, otro de los acusados. “Casación -coincidió– no abre quejas frente a recusaciones, es excepcional que lo hagan. Lo hacen en busca de un tribunal obediente”.
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